Exdiputado
He esperado unos días para pasar de los meros titulares de prensa al análisis del contenido real del documento, elaborado por la famosa comisión de expertos. Después de leer las 71 páginas (Versión del CSIC) de título “Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” y las diferentes interpretaciones, en especial las que provienen del gobierno y sus apoyos tengo mis propias opiniones.
La primera, que tal como se acepta incuso por quien defiende, en general, el documento el actual sistema “…viene funcionando desde hace unas décadas con un razonable éxito en cuanto a alcanzar un cierto grado de estabilidad presupuestaría en una perspectiva de largo alcance...”, añado yo: incluyendo 5 años de crisis. Por ello estoy de acuerdo con el voto particular que sostiene que no era ni el momento ni el método adecuado, y que las conclusiones son erróneas.
Para mí es evidente el primer, y quizá más grave, error: Como la mayoría de los participantes son expertos en los sistemas que defienden sus patronos, que hacen de los fondos de pensión privados y de capitalización su negocio, analizan el sistema que todos identificamos, incluso ellos, como de reparto con los parámetros con que diseñan los fondos de los que cobran su salario. Para simplificar, el sistema de reparto consiste en que, por mera voluntad política, buena parte de la riqueza que se produce entre todos (PIB anual) se distribuye entre todos, incluidos pensionistas, por lo que resulta casi indiferente que se produzca por 20 millones de activos, solo 10 millones o 100 robots muy eficientes. Demostración: el cuadro, que se incluye en el informe, de las distintas soluciones adoptadas por distintos países, incluye una clausula común a todas: Al final las propuestas son valoradas y aprobadas por los Parlamentos democráticos, es decir sea cual sea el proponente es la voluntad política la que marca la diferencia entre una pensión española y una sueca o una francesa.
Segundo error grave, este por parte del gobierno, pensar que cualquier fórmula compleja, iba a ser aceptada como científica, cuando los datos de partida, casi todos meras estimaciones “ad futurum”, son muy evidentemente falsos, como ha venido a demostrar la historia, especialmente respecto las estimaciones económicas de todos los gobiernos y todos los organismos oficiales. No digamos las estimaciones demográficas, justo en la misma semana de finalización del informe, Alemania reconocía errores millonarios en sus estadísticas demográficas.
Por no abundar, un último error de expertos y gobierno, ¿Cómo pueden pensar que los ciudadanos mínimamente informados, no nos íbamos a dar cuenta que la mitad de los factores de las fórmulas los fija el gobierno, sin tener que contar con nadie?, bueno contando con algunos, tan poco de fiar respecto a la defensa de los intereses ciudadanos, como la Comisión Europea, el BCE y el FMI.
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