Isidoro Gracia
Exdiputado
Ningún sistema electoral es perfecto, para obtener resultados absolutamente ligados a la voluntad de todos los electores. El gallego, que no ha sido modificado desde 1985, no es una excepción. Es más, dentro de los distintos sistemas utilizados en las Comunidades Autónomas, es el que más aleja los resultados finales de la voluntad del conjunto de los electores, por ello sería muy conveniente una reforma que acercara los resultados a unos parámetros más democráticos que los que hoy se dan.
Analicemos los aspectos más importantes. A) Igualdad del valor del voto de cada ciudadano: actualmente más de la mitad de los 75 escaños (40 de ellos) se reparten sin ningún tipo de referencia a los electores, por lo que el voto de un elector orensano o lucense pesa hasta el triple que el de un coruñés, lo que muy democrático no parece. B) Igualdad de oportunidades para las distintas fuerzas políticas: el listón para los partidos minoritarios está situado en el 5% de los votos válidos emitidos, lo que, con los datos hoy conocidos, puede dejar hasta el 15% de los electores ejercientes sin representación, lo que tampoco resulta muy democrático, en especial si se suma al casi endémico 40 % de abstención de las elecciones autonómicas, dejando fuera del Parlamento Gallego a la representación de más de la mitad del censo, lo que resulta muy poco deseable para la salud del sistema.
Hablemos también de otros temas, solo aparentemente menores. La duración de las campañas y el número de escaños. Cualquier ciudadano mínimamente observador, sin necesidad de ser un experto analista sociológico o politólogo, sabe que los miembros del gobierno de turno, y los portavoces del partido en el gobierno tienen una presencia pública mucho mayor que la oposición. Muchas veces con uso abusivo de la televisión dependiente del presupuesto general correspondiente. Respecto al trabajo estrictamente parlamentario, es evidente que los medios que disponen los que apoyan al gobierno, con datos y argumentos aportados por los funcionarios y asesores de las consejerías, son infinitamente superiores a los que pueden tener los diputados de la oposición, que dependen de su propio trabajo y los escasas y voluntarias aportaciones de los pocos expertos de sus partidos. Acortar la duración de la campaña recorta posibilidades, de personas y partidos, que necesitan dar a conocer sus alternativas, menos conocidas que las del gobierno, y disminuir el número de diputados reduce las capacidades de control del poder legislativo sobre el ejecutivo.
La conclusión es clara, las propuestas conocidas hoy, hechas desde la Xunta, tienden a favorecer a la permanencia en ella del mismo partido que hoy la ostenta y ninguna favorece que los resultados respeten más la voluntad democrática de los ciudadanos.
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