DESIDIAS Y REMINISCENCIAS DE LA DICTADURA

Por Pedro Taracena

Tic franquista

La Constitución vino a recuperar el Estado de Derecho perdido con el golpe de 1936 y desde 1978 España vive en democracia formal. No obstante, manteniendo no pocos atisbos de un tic franquista. Además de la impunidad con la cual  la Transición liquidó los crímenes de lesa humanidad, se mantiene la inmunidad bien vista hacia todo aquello que tenga relación con las múltiples formas de hacer apología del franquismo, como algo consustancial a la falsa reconciliación entre los españoles.

Los indultos

Otro vicio heredado y nunca rechazado por los gobiernos democráticos, es el indulto arbitrario y al margen de cualquier control judicial. Se ha constituido en una práctica perversa y anticonstitucional. Pero no existe ninguna voluntad de reconducirlo hacia pautas constitucionales.

Postergación del comunismo

La ley electoral fue consensuada por los principales partidos: PSOE venido del exilio y la clandestinidad y PP venido del franquismo. Fue un pacto con escaso espíritu democrático porque pretendió y consiguió que el temido Partido Comunista de España, nunca alcanzara una mayoría para influenciar en el Gobierno; argumentando que evitando la fragmentación de partidos España era más gobernable. En ninguna agenda de estos grandes partidos se incluye corregir este sesgo franquista. La Ley D’Hondt será legal pero manifiestamente injusta, para las minorías y menos democrática.

Administraciones públicas arbitrarias

El Gobierno, la Administración del Estado, las administraciones locales, provinciales y autonómicas, incluyendo el Congreso de los Diputados y el Senado, no están dotados de la más mínima transparencia. Tampoco hay voluntad de regular con equidad, no solamente los gastos públicos, sino los salarios de todo funcionario público. Entre ellos existe la desigualdad más arbitraria con la opacidad más absoluta. Siendo el escandaloso grupo de los llamados asesores, que son elegidos a dedo, tanto en  cantidad como en calidad, aquellos que se alejan más del espíritu constitucional de la función pública.

Opacidad en las cuentas públicas

Otra secuela dictatorial es el Tribunal de Cuentas, al no ser un ente independiente del poder, no tiene la capacidad de auditar y perseguir los abusos de las administraciones públicas, sindicatos  y partidos políticos. Solamente las minorías políticas están interesadas en controlar estos desmanes, donde la mayoría de los asuntos denunciados son archivados porque habrían prescrito. Es como si se hubiera institucionalizado la desidia y el descontrol intencionado.

Contaminación de los Poderes del Estado

La Constitución ha separado los Poderes del Estado y de hecho son una realidad formal, pero el Fiscal General del Estado, que no es un Poder del Estado, rinde obediencia institucional al Gobierno, que es quien le nombra. Esta perversión no es de la Fiscalía en sí misma, es del sistema. Al poder le viene siempre muy bien articular acusaciones o defensas, para que el mismo fiscal obre en consecuencia a gusto y conveniencia del Gobierno de turno. Esta evidencia tampoco está en ninguno de los programas electorales de los partidos más relevantes. Es evidente que este asunto necesita una adaptación para homologarse a la Constitución para abandonar la tentación de defender al poder del pueblo, cuando debía de acontecer al contrario.

Violación constitucional

La reforma de la Constitución hecha por los dos grandes partidos, legalmente, pero de espaldas al pueblo, debe de ser suprimida, porque se ha comprobado que cuando se ciñe el déficit público a lo preconizado por la UE, se quebranta el Artículo 1º de la Carta Magna: ”España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Nos hemos homologado con las exigencias de los mercados, pero nos hemos olvidado de la cuestión social, único objetivo de todo Estado de Derecho y del Estado del Bienestar.

Justicia universal cercenada

En nuestro país hemos sido testigos de una gran paradoja: Hemos dejado impune un genocidio, muy difícil de asimilar por el espíritu de la propia Constitución, pero nos dotamos de una legislación sobre el principio de Justicia Universal, pudiendo perseguir los delitos de lesa humanidad, allí donde se cometieron sin prescribir ante la ley. No obstante, un gobierno socialista apoyado por la derecha franquista, mutila este principio para dejar sin efecto la persecución de estos delitos, si no hubiera ningún español implicado. ¿Para sobreproteger a los españoles? ¡No!, para contentar a los gobiernos de EEUU, Israel y China. Y la gran paradoja se produce cuando tribunales extranjeros están reclamando hacer justicia sobre los crímenes del franquismo, que España a través de la Transición dejó impunes.

Contaminación inconstitucional de los jueces

Continuando con los vicios no tan ocultos de nuestras instituciones procedentes de la dictadura, tropezamos con el Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que colegiadamente prostituye y corrompe la independencia del Juez, legítimo Poder del Estado. Los escándalos de no pocos jueces apartándose de la pauta constitucional, se han ganado la desconfianza de la sociedad. Cuando el pueblo percibe corrupción en la judicatura, es difícil de que el pueblo se equivoque, porque según dice la Constitución en el Artículo 117 “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por los Jueces y Magistrados”.  

Corrupción política y déficit democrático 

Tan pronto ha estallado la crisis en el mundo de forma global y en España en particular, se ha demostrado que nuestra democracia estaba demasiado aburguesada, corrompida, y con demasiados vicios traídos de la época franquistas, eso sí, adaptados a nuestros tiempos. Cuando el Movimiento 15-M exclamaba ¡Democracia Real Ya! No era un eslogan más, era un clamor de denuncia ante la incapacidad de que los actuales políticos garantizaran la gobernanza del Estado. Si las próximas elecciones europeas no devuelven el poder político al pueblo, y éste controla a los mercados, el estallido social será un hecho imposible de evitar. Y en España se precipitará por la ineptitud de los políticos, que, mientras la muerte, el hambre, la miseria, la marginación y exclusión  social, desahucios y abandono de niños, juventud y mayores, se agudiza sin esperanza, ellos, siguen ostentando gastos superfluos y en absoluto imprescindibles: Convenciones, comilonas, coches, viajes, sueldos  y sobre sueldos, asesores a dedo y muy bien pagados y despilfarro criminal. Cada vez que los políticos celebran un ágape ¿A cuántos ciudadanos que se les ha negado la dependencia podrían atender?

Reflexión demagógica y políticamente incorrecta

Me gustaría que quienes me juzgan como demagogo tuvieran razón. Pero los ánimos del pueblo están razonablemente indignados, aunque se pueden tornar en emocionalmente alterados y terminar con una explosión cargada de razón, por la sinrazón del poder.

Fotos: Pedro Taracena