Por Pedro Taracena
Las autoridades del Estado no están legitimadas para pedir a los asesinos de ETA que
pidan perdón a sus víctimas. Sin embrago el pueblo español sí está moralmente acreditado para exigir, no solamente el
perdón por sus crímenes, sino que reconozcan que eligieron
como víctimas para cometer su barbarie a personas ajenas al
conflicto.
El Estado actual jurídico y legal emana de la Constitución Española de 1978. Sin embargo el Estado existente en España desde 1939 fue un estado injusto e ilegítimo. España desde 1939 hasta 1978 no fue desde ningún punto de vista un Estado de Derecho. Fue una dictadura
ajena a la libertad y la democracia. Los vencedores de la Guerra Civil
impusieron una transición vergonzosa; dejando
impunes los crímenes de lesa humanidad
cometidos por el gobierno despótico. El nuevo Estado
democrático jamás condenó al viejo Estado
dictatorial. El poder evolucionó como si de un mismo
Estado se tratara. Hoy las autoridades democráticas del Estado, lejos de condenar la dictadura, niegan a sus víctimas la sal y
el agua. Es decir, la memoria, la dignidad y la justicia.
Después de las excarcelaciones de etarras
producidas por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las
autoridades españolas, lejos de
acatarla y reconocer que el culpable es el Estado Español, se han atrevido a tratar el fallo de injusto. La
Defensora del Pueblo escandalizándose de las
consecuencias de tal sentencia, interpela al Gobierno que ha permitido tales
excarcelaciones. En estos días un juez ha autorizado un evento convocado por
expresos etarras como ajustado a la legalidad vigente, y es comprensible que
las víctimas del terrorismo estén en contra de todo aquello
que los expresos de ETA, realicen o expresen que no sea hincarse de rodillas y
pedir perdón. El pueblo español está con ellos y formamos una piña al lamentar, que la mala legislación franquista haya provocado la sentencia de Estrasburgo.
Pero que el Gobierno y sobre todo el
insigne Ministro del Interior se rasguen las vestiduras ante el “aquelarre en
el antiguo matadero”, calificándolo de “repugnante”
y “deleznable”, es la expresión del esperpento
franquista al cual nos tienen acostumbrados estos caudillos salvadores de la
patria y de la unidad de España.
Es preciso explicar por qué las autoridades
españolas no están legitimadas para pedir a los terroristas que pidan perdón por las víctimas. El Gobierno estaría legitimado si hubiera tratado por igual a todas las víctimas de la tiranía estatal y terrorista. Mientras las autoridades no condenen el
franquismo y apoyen a sus víctimas como lo
hacen con las víctimas de ETA,
las palabras “repugnante” y “deleznable” suenan a hipocresía y complicidad. El Partido Popular a través de su
dinastía garantiza el nexo entre los dos estados, el ilegítimo de Franco y el legítimo de la Constitución. Su postura
resistente a condenar el franquismo, les sitúa en una postura doblemente inmoral. Porque esta dinastía
procede
de un régimen ilegal e injusto: Franco, Fraga, Aznar, Rajoy… y porque han establecido
un trato “repugnante y deleznable” en el reconocimiento a las víctimas del franquismo. El peor de todos que es el
olvido.
Grupo escultórico: Juan de Ávalos
Fotos: Pedro Taracena
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