Por Pedro Taracena
Estos personajes siniestros,
clandestinos, designados a dedo por el político de turno, suponen sobre todo en la actualidad, un lastre inútil y perverso para el erario público. El político electo se rodea de personas de su confianza que vienen denominándose asesores. Es decir, el ministro, alcalde,
presidente de comunidad o de diputación o cualquier otro político tiene la
potestad de contratarles para suplir su ignorancia en el área que le compete. En lugar de apoyarse en los
técnicos que han probado su conocimiento en una oposición pública, prefieren
eludir su servicio y elegir gente de su confianza. Con este comportamiento
legal pero perverso se alimenta el
perfil del cacique. Es evidente que quien tiene la confianza del Estado, es
decir los funcionarios, son despreciados por el político electo y se rodea de lacayos y secuaces que no
tienen la confianza del Estado pero sí de los partidos políticos y de sus
políticos. Creándose de hecho muchos estados dentro del Estado, cabecillas, caciques,
capos de mafias y un sinfín de situaciones
excepcionales y nada democráticas. En una
situación de crecimiento los sueldos que se adjudican a estos
pseudotécnicos, es una inmoralidad, pero en época de crisis, un auténtico robo,
despilfarro y saqueo de las arcas del estado. Además pagan a los asesores a cambio de ningún trabajo, porque ahora en España no hay nada de lo que asesorar. La política viene dada por la Troica y el PP la acoge con
gusto porque es la esencia de su programa electoral oculto pero genuino. La
crisis es un burdo pretexto. Esta es la política que siempre quiso aplicar, con o sin crisis. Para recortar
derechos constitucionales no son necesarios asesores de ninguna calaña. Es un insulto a la ciudadanía pagar a estos elementos que muchos de ellos, su
currículum es el ejemplo de lo que nuca debía suceder al servicio de la Administración.
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