Foto: Pedro Taracena
Por Isidoro Gracia
Exdiputado
El fracaso de la Generalitat de Mas y el Gobierno de Rajoy contrasta con la victoria, aún cuando por la mínima y en el último minuto, de la Generalitat de Maragall y el Gobierno de Zapatero en 2006.
Aceptando de antemano que los datos que se aportan desde los impulsores de la consulta, o del acto participativo (o lo que haya resultado al final) sean ciertos, me llama mucho la atención que los medios que los publican y sus analistas no acudan como referencia valorativa a un precedente tan próximo como el del referéndum del texto del Estatuto de Cataluña de 2006, así pues yo elijo como punto de observación esa óptica.
Y lo que son las cosas de la mala memoria, se olvida muy pronto la realidad de los datos objetivos contrastados por la historia, los registros y las hemerotecas y se toman como base de los análisis las penúltimas opiniones, u ocurrencias, de los actores más involucrados en el tema, y por lo tanto alejados de la realidad pura, la realidad de unos datos sin la cocina de las interpretaciones interesadas.
Los partidarios de la "consulta" catalana, en coalición de hecho con el gobierno de Rajoy, cuyos actos, en algún caso, y cuya falta de actos en otros, actos para los que en democracia solo tiene competencias el Poder Ejecutivo (no existen muchas dudas que la actitud en el conjunto del proceso han dado impulso y fomento a las movilizaciones pro referéndum), han conseguido peores resultados reales (no interpretados) que el “inepto” Zapatero y el entonces ya tristemente enfermo Maragall consiguieron para el Estatuto del 2006.
Con un censo cerrado de 5.300.000 electores (el censo abierto de la consulta son al menos 6.250.000 los "invitados" a participar) el Estatuto tramitado de forma absolutamente legal, validado por las Cortes Generales del Estado, y en una votación impecable desde el punto de vista democrático, consiguió 1.900.000 votos y la pregunta sobre independencia ha conseguido menos de 1.800.000.
Para no dejar cabos sueltos, analicemos también lo ocurrido en participación en términos porcentuales y absolutos, la votación de forma absolutamente legal, y por lo tanto que exigía al votante un más difícil acceso, gana por goleada logró participación de más del 49% del electorado, frente al lo conseguido por “el proceso participativo” con una posibilidad de voto muy accesible, que consigue menos del 36% de las persona invitadas a participar, incluidos extranjeros procedentes de fuera de la UE. O si se prefiere en números redondos absolutos participación sin posibilidad de manipulación 2.600.000 votantes, participación más que de dudosa contrastación 2.236.000 según la Generalitat.
Lo ocurrido con el texto de 2006, a pesar de algunos errores de bulto de los actores principales, permitía que al menos por una generación la convivencia entre catalanes y de estos con el resto del Estado continuara en unos términos de escasa conflictividad (la ausencia de conflicto de intereses entre vecinos es deseable pero completamente utópica), hasta que llegó el PP que ya dirigía ya Rajoy y su equipo y lo sacó del terreno de la política y lo puso en el terreno de los contenciosos judiciales, donde ya se conoce que siempre, y este caso no fue una excepción, existen jueces con distinta interpretación de las mismas frases y textos.
Sin embargo y pensando en la búsqueda de soluciones, sabemos por lo ocurrido entre 2004 y 2006 que existieron textos que, manteniendo a Cataluña en España, fueron aceptados por casi todas las fuerzas políticas y aprobados democráticamente por una mayoría de los votantes catalanes. Incluso hubo un texto aceptado por partidos independentistas: el que el Parlamento Catalán de 2006 envió a las Cortes Generales. Quizá fuera conveniente que todos empezaran a hablar teniendo delante aquellos textos que produjeron un nivel de aceptación, que hoy en noviembre de 2014 no tendría precio.
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