Por Pedro Taracena
Rajoy y sus secuaces nos tienen acostumbrados
a vivir en la mentira, sostenida por embustes de toda calaña. Es hora de llevar a los tribunales las fechorías cometidas por conductas legales pero a todas luces
injustas e inmorales. Tanto del Gobierno en general como de sus ministros en
particular. Según la Constitución Española ésta denuncia debería ser una acción del Fiscal
General del Estado, pero los caciques que ataron el consenso de la Transición, le convirtieron en el Fiscal General del Gobierno.
Es difícil concebir que la fiscalía lleve al Gobierno a los Tribunales de Justicia, mientras
dependa jerárquicamente del
Ejecutivo de turno.
Los jueces son los que tiene la llave
para defender al pueblo. Ahora con el escarnio de los medicamentos que curan en
alto porcentaje la hepatitis C, los afectados están denunciando en la calle lo que hay que denunciar ante la justicia. Pero
el pueblo ya no se calla y han gritado sin complejos y sin prejuicios, en
pancartas: ¡Los recortes matan! ¡Dejad de matarnos! ¡Los recortes condenan a
muerte! Y verbalmente: ¡Asesinos! y ¡criminales! Ignoro la tipificación penal de los presuntos delitos cometidos, pero es
de sentido común, en base a que la justicia emana del pueblo, que las
políticas de recortes están produciendo efectos criminales sobre la población. Se trata de crímenes legales en
tiempos de paz. Pero quien presuntamente los ha cometido son los
responsables de acometer políticas para
conseguir todo lo contrario, es decir, la salud y el bienestar evitando la
muerte de los ciudadanos. El Gobierno actual es más Casta que
ningún otro y constituye un monumento a la mentira. El Partido Popular vive en la mentira y cada
miembro aporta su embuste.
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