jueves, 6 de noviembre de 2014

CARTA ABIERTA A LA CASTA


Por Pedro Taracena




Después de reflexionar y asumir que yo, también,  he pertenecido a La Casta, es preciso acabar con la farsa. Sí, con la mentira de la Transición. La mal llamada transición modélica se hizo por los políticos del franquismo, perpetuando los valores del nacionalcatolicismo y de la Falange Española, y por los políticos venidos del exilio y  la clandestinidad. Ambos indultaron la dictadura en aras de evitar un mal menor: ¿Cabe hipocresía mayor?
El desarrollo económico y el Estado del Bienestar logrado lo han dilapidado en detrimento de los ciudadanos. Los réditos obtenidos por La Casta dominante suponen un botín suculento. Y los votantes que creímos en ellos “en nuestro pecado llevamos la penitencia”. La corrupción existe porque los políticos son unos criminales y porque los votantes nos convertimos en cómplices. No obstante, la tramoya jurídica está pensada para beneficiar al corrupto. ¿Quién duda de que el Reino de España se encuentre en un estado general de putrefacción? Solamente los interesados están luchando para que esto no cambie. Es decir, La Casta dominante que la constituyen: El Partido Popular expresión del más genuino franquismo. El Partido Socialista Obrero Español, traicionero del socialismo. La patronal y los caciques con autentica vocación de volver a la esclavitud. Los mercados financieros y la banca apoyada por el Gobierno contra los ciudadanos. La Iglesia cómplice con el tirano, sin olvidar los medios de comunicación, auténticos voceros de La Casta.
Ante este estado de cosas, el pueblo se echó a la calle a través del Movimiento 15-M y Las Mareas manifiestan cada día un espectro completo de indignación ciudadana. En estos días el grito del pueblo se ha materializado en un nuevo y alternativo partido político denominado PODEMOS, bajo el lema: ¡Sí, se puede! El nerviosismo, las descalificaciones, los insultos, las calumnias y vejaciones, son la reacción lógica de La Casta. Pero es fácil rebatirles con la fuerza de la razón, porque hay dos argumentos que son en sí mismos muy poderosos:
En primer lugar PODEMOS tiene el legítimo derecho a tener la oportunidad, como la tuvo La Casta, de cometer sus propios errores durante los próximos 36 años.
Y el segundo argumento es que achacan a PODEMOS la falta de experiencia, a pesar de  ser (JSP) jóvenes sobradamente preparados. Pero yo me pregunto: ¿Qué experiencia de gobierno tenía Felipe González en 1982? ¿Qué experiencia en democracia tenía Adolfo Suárez para abordar el cambio de régimen? ¿Qué experiencia de gobierno tuvieron los militares y los políticos del exilio después de la Revolución del 25 de Abril en Portugal?  La experiencia que tienen los integrantes de las actuales instituciones no sirve, porque con su conducta han demostrado ser unos criminales. Sí, criminales de guante blanco. Sí, hacedores de políticas criminales y de conductas criminales. Es posible que los hipócritas se escandalicen de estos vocablos derivados de la palabra crimen, pero mayor es el escándalo que han provocados los políticos corrompidos en el pueblo llano. Un pueblo víctima de los crímenes cometidos por sus inmorales conductas y con sus pervertidas leyes legales pero injustas. Sí, se puede…

sábado, 1 de noviembre de 2014

LA DESIGUALDAD

Isidoro Gracia
Exdiputado
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El nuevo informe de Intermon Oxfan demuestra que la crisis es cosa de pobres.



EL MURO
Pedro Taracena

El informe llega más lejos que del Centro de Estudios del FMI de 2010,  que concluyó que una de las causas más importantes de la actual  crisis es el crecimiento de las desigualdades sociales.
Yo creo que los ciudadanos conscientes debemos también sacar nuestras propias conclusiones y, si no estamos de acuerdo,  actuar para corregir el rumbo. En esto la historia nos muestra como sistemas de civilizaciones aparentemente inamovibles y perdurables colapsaron, estando presente siempre como una de las causas detonantes la desigualdad.
 Los actuales sistemas democráticos y representativos, al menos aparentemente, devienen del colapso de los absolutismos instaurados por “la Gracia de Dios”, que la revolución francesa se encargó de superar, y los otros absolutismos que sustituyeron la religión teísta por la del Partido Único.
 Tomando como referencia la misma que tomaron en su día los defensores de los gobiernos representativos, frente a los que propugnaban el ejercicio del poder por élites, fueran estas de nacimiento, de coreligionarios, o de sabios: “La multitud que no se reduce a unidad es confusión; la unidad que no depende de la multitud es tiranía” (Pascal)
 Cuando se ha llegado a un punto que según el informe "la desigualdad extrema corrompe la política, frena el crecimiento y reduce la movilidad social, fomenta la delincuencia e incluso los conflictos violentos. Desaprovecha el talento y el potencial de las personas y debilita los cimientos de la sociedad", parece que la civilización occidental vuelve a estar en situación de tiranía. Se ha sustituido al Dios o al Partido omnipotentes por el Dios Mercado y  la Desregulación, pero lo cierto es que la concentración de riqueza es extrema y el poder está en manos de élites muy minoritarias para las que trabajan gobiernos  y organismos, mediante la compra del poder político, consiguiendo de esa forma que  "muchas de las personas más ricas amasaran sus fortunas gracias a las concesiones gubernamentales exclusivas y la privatización inherentes al fundamentalismo de mercado".  Agua, energía, salud, educación, son campos donde buscar ejemplos muy próximos, en especial en España y Europa.

En la memoria de la mayoría, que no de todos desgraciadamente, está como se resolvieron esas situaciones de tiranía: en todos los casos con la rebelión de la ciudadanía transformada en masa. En algún caso en ámbitos del conjunto del imperio, en otros de estados e incluso de tribu, disfrazada de nación. Esperemos que hayamos aprendido de la historia y afrontemos el legítimo combate a la tiranía mediante fórmulas “civilizadas” (de sociedad civil). Por ejemplo, recoger como delito cualquier relación con paraísos fiscales (es absolutamente improbable que no se utilicen para la evasión fiscal), la penalización con tasas de los movimientos financieros especulativos (es absolutamente seguro que esos movimientos no tienen como objetivo la creación de empleo o riqueza para el conjunto de la sociedad), la recuperación del control público y directo de la administración de los servicios básicos como el agua, la producción de energía, la sanidad, la educación obligatoria y la protección social, expropiando si es necesario, son temas que pueden abordar desde el derecho nacional e internacional. Para muchos empieza a ser evidente que esta crisis es el preludio del fin sistema que ya nos oprime a una inmensa mayoría. Que la salida de la situación sea un nuevo contrato social negociado por los dirigentes políticos, o fruto del asalto al poder, tal y como se empieza  a propugnar por fuerzas emergentes, por masas  más o menos organizadas, es solo cuestión de tiempo y oportunidad. El resultado, de una sociedad estable con ciudadanos razonablemente contentos con su grado de bienestar, si el proceso se hace repartiendo beneficios y poder,  o inestable y violenta, si se obliga al mero asalto a los, solo teóricos, derechos adquiridos de esos pocos, pero aún demasiados, milmillonarios y sus adjuntos, también es cuestión de un mero ejercicio de inteligencia.

sábado, 18 de octubre de 2014

EL MERCADO LABORAL EN ESPAÑA 2014

Por Pedro Taracena



LA CUERDA
Pintura de José Ignacio Moreno


Constitución de la República Española 1931

Artículo 1 España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.

Constitución Española 1978

Artículo 1 España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político,

Artículo 33 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitarán su contenido, de acuerdo con las leyes.

No es necesario ser experto en leyes para saber del atropello que se está perpetrando en España, con las leyes que solamente implantan reformas recortando derechos de los ciudadanos.
El conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio, es lo que se viene conociendo como mercado. La Constitución habla de que el sujeto social del mercado laboral es el hombre, no el producto. Porque el hombre es el que presta sus conocimientos a través de su actividad profesional. El ciudadano es quien trabaja, no los productos que son inertes. La patronal, es decir, los empresarios  que contratan los servicios prestado por las mujeres y los hombres, no hacen ninguna distinción entre la persona que realiza un trabajo, y la mercancía que se compra o se vende. También es verdad que la legislación del Gobierno, coalición de empresarios, caciques y usureros, han puesto en las manos de los explotadores una estructura legal, que hace saltar las alarmas de no pocos artículos de la Constitución Española. Esta legislación es legal pero ni es ética, ni moral y de dudosa legitimidad. ¿Dónde se lleva a cabo que España sea una democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia…? Que proclamaba la denostada República. Y ¿Dónde está  el Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad…? Reconstruir el Estado de Derecho conseguido después de 36 a años, no va a ser fácil porque la oposición cuando esté en el poder, si lo logra, no va a derogar toda la legislación del PP, que tantos derechos ha desolado. Ya tendrá sus pretextos y disculpas para no hacerlo. La oposición también ha sido cómplice con el Partido Popular, manteniendo el pensamiento único europeo, instalándose en la mentira. En España se ha fosilizado la Carta Magna y se han pisotean los derechos sociales en aras de la tiranía de los mercados. El pueblo español si le dejaran activar resortes legales llevaría a la cárcel al Gobierno en pleno y a todos sus secuaces, por delitos cometidos contra los derechos constitucionales. Pero esa labor es del Fiscal General del Estado y éste es un lacayo del Gobierno, del cual depende jerárquicamente.

Constitución Española 1978

Artículo 124

1. El Ministerio Fiscal, sin prejuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por lo la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.


sábado, 11 de octubre de 2014

LA SALVACIÓN DE ESPAÑA EN MANOS DE LOS JUECES


Por Pedro Taracena



EL ÁNGEL CAÍDO

Ricardo Bellver

La sociedad española soporta una tiranía política y capitalista que la ha despojado del Estado de Bienestar. España está pasando por los momentos más dramáticos de los últimos 30 años. Salvo el Gobierno y los secuaces cómplices de sus políticas criminales: patronal, banqueros, caciques y obispos, ya nadie se escapa de la evidente exterminación de la clase trabajadora. La clase media, sobre la cual se edificó hasta el mismo franquismo, está llamada a la pobreza, el hambre y el infortunio. Rajoy al dictado de la Patronal ha puesto en manos de los empresarios depredadores de puestos de trabajo, un arma para recuperar sin pudor y cinismo, la esclavitud.
Este estado de cosas ha sido posible, no por la democrática mayoría absoluta de un gobierno democrático, sino confundiendo de forma perversa, esta mayoría con el absolutismo, que también conoce la monarquía y la derecha españolas. Esta legalidad aparente y ficticia contiene una injusticia manifiesta. Toda la legislatura del presidente más torpe, terco y parco, que jamás haya conocido España, ha sido escrita siguiendo los dictados de la Patronal, donde incluyo a caiques, ladrones y usureros, sin olvidar la nefasta, podrida y perversa Troika europea. Por si la España del siglo XXI no tuviera bastante con esta situación, provocada por la ley del más fuerte y la explotación del hombre por el hombre, la corrupción ha penetrado hasta las entrañas de las instituciones del estado y las organizaciones políticas. A tales niveles de abuso y latrocinio, nunca imaginables.
Apenas nos damos cuenta de que la ingeniería legal a modo de autoprotección, consigue su cuartada para que los servidores públicos salgan ilesos e indemnes de sus crímenes.  Utilizar otro lenguaje para adormecer o encubrir esta realidad criminal, solo lo pueden hacer los secuaces y lacayos bien pagados. Los indultos del Gobierno demuestran cómo todo vale para indultar a ladrones, torturadores y gente de mal vivir condenados en firme por la justicia.
¿Quién puede asomarse a la Constitución y ver los crímenes cometidos en su nombre? Los políticos que soportan de una forma u otra el nacionalcatolicismo, bien les cuadra esta lapidaria frase bíblica. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis”. A los políticos españoles se les conoce por su manipulación del espíritu constitucional. Después de 36 años de vida democrática, ha fosilizado la Constitución Española.
El único Poder del Estado que puede librarnos de la tiranía haciendo justicia  con valentía son los jueces. El Poder Judicial como tal Poder del Estado no se puede decir que esté corrompido, al menos en general, porque siempre queda una instancia superior. Aunque muchos jueces de todos los tribunales incluyendo el Tribunal Constitucional, obedecen “La vos de su amo”. Porque son herederos de la doctrina del Caudillo que lo fue por la Gracia de Dios y tampoco les interesa asomarse a la Constitución e interpretarla a la luz del siglo XXI.

¿Cuál es el error de muchos de ellos? La cobardía, o dicho de otro modo, la ausencia del valor o el temor a su defenestración como jueces o magistrados. Ya hay jueces separados de la judicatura por otros jueces, por perseguir a ladrones, criminales y genocidas, quedando éstos indemnes. No obstante, los escándalos de personajes perversos que durante muchos años habían burlado o comprado a los jueces,  o bien indultados por el Gobierno de turno, han hecho reaccionar a ciertos jueces que no hay duda que están obrando en consecuencia, jugándose el puesto y su carrera. Hoy por hoy la esperanza de luchar contra la tiranía de las leyes del Gobierno, está puesta en los jueces. Y los ciudadanos debemos de denunciar más, denunciar todo atisbo de injusticia. El Fiscal General del Estado obedece órdenes del Gobierno. Es legal pero injusto. La sociedad sí entiende de lo que es justo o no, lo declara la propia Constitución: “La justicia emana del pueblo y se imparte por los jueces en nombre del Rey”.

sábado, 4 de octubre de 2014

CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS

MÓNICA DE ORIOL

Por Pedro Taracena






En principio te felicito por tu sinceridad, valentía y atrevimiento para dar rienda suelta a vuestra lengua viperina. Sí, tú y tus secuaces habéis silenciado, que no reprimido,  vuestros más bajos instintos. Envueltos en la bandera de la hipocresía, con gobiernos socialistas y en épocas donde os llenabais muy bien la buchaca, habéis mantenido el cinismo de no pronunciar frases políticamente incorrectas. Ahora tú y los voceros de la patronal, bajo el paraguas de los franquistas que están en el poder, habéis abierto la veda sin tapujos para jalear y aplaudir la reforma laboral, que el Gobierno ha puesto en vuestras manos para masacrar al trabajador. De forma legal, no con una democrática mayoría absoluta, sino con el despotismo y la tiranía de un poder absolutista,  pero inmoral e injusta y por supuesto contaría a los derechos consagrados en la Constitución española. Tú y los que piensan como tú sois los esbirros del Gobierno. Tomáis parte de una podrida y nefasta coalición en contra del más débil: franquistas, caciques, empresarios negreros, banqueros usureros y con la bendición maldita de los obispos.







Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Constitución de la República de 1931 y la Constitución Española de 1978, tu discurso es abyecto y humillante para los españoles. Y tu perfil como mujer que preside una institución ha dejado, si lo fue alguna de vez, de ser honorable. Tus proclamas y arengas contra los trabajadores y especialmente contra las mujeres son depreciables. Tu perfil  sobra en la Europa del siglo XXI. No nos engañas, lideresa trasnochada, ni tú ni el Gobierno con sus timoratas voces, calificando tu despreciable insulto como producto del infortunio, limpiáis la afrenta hecha a las trabajadores y trabajadores de España. De la misma forma que tú sobras como representante de los empresarios, todos los empresarios que piensan como tú, están lejos de dar una respuesta ética a la crisis económica.  Personalmente, me siento ofendido con tus insultos. Aunque de forma elegante podría insultarte, tengo más vergüenza que tú y no lo haré. Lo único que se me ocurre es denunciarte ante la opinión pública, porque representas a los caciques y explotadores que añoran la esclavitud. Tu lema es: “La explotación del hombre por el hombre”. 





Mónica de Oriol, excelsa dama del honorable círculo de los empresarios...


martes, 23 de septiembre de 2014

ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA


Por Pedro Taracena

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrán adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.



Foto: Pedro Taracena


A pesar de la ambigüedad del texto constitucional, es evidente que el Gobierno sólo cuando le conviene evoca el cumplimiento de la Constitución y denuncia su no cumplimiento cuando lo puede utilizar para atacar inmisericorde a los que discrepan de su política de recortes. Rajoy tiene ente sus ojos un desafío que su inmovilismo innato no le permite mover un dedo. Las cosas hay que hacerlas como Dios manda y esto le tranquiliza y le deja como si estuviera inerme.  Aunque sus secuaces ya han presentado una batería de medidas, incluyendo la intervención militar, si la intentona separatista de Catalunya se consumara unilateralmente. No deja de ser escandaloso que el Gobierne a través de su política de recortes de derechos, que él llama bajo el eufemismo de reformas, sea el primero que no está cumpliendo la Constitución.
El Gobierno ha provocado la destrucción del Estado del Bienestar y se manifiesta de forma fehaciente en la desigualdad que se ha provocado entre los españoles. Unos pocos,  más ricos, y el resto, más pobres, a nivel nacional. Pero quien ha materializado las desigualdades más patentes han sido las Comunidades Autónomas. El artículo 155 de la Constitución Española está siendo violado en unas en más proporción que en otras, ya sin necesidad de llegar al 9-N. El Gobierno in extremis puede utilizar el artículo 155: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España ¿Este precepto solamente está pensado para el separatismo? ¿El separatismo en sí es un crimen, es un delito? ¿El artículo 155 entiende que la privación de derechos constitucionales atenta, gravemente al interés general de España…?
No hace falta que los ciudadanos estemos muy versados en ingeniería jurídica, pero basta con leer el Título I de la Constitución Española para observar el déficit de derechos constitucionales al cual han sometido a la ciudadanía española, estos últimos seis años. En dos ámbitos muy precisos: La ausencia de democracia real en todas las instituciones del Estado, donde el gobierno del pueblo no ha sido para el pueblo, sino dirigido por los poderes del dinero, y el otro ámbito es el de la corrupción más generalizada que jamás podríamos haber pensado: agravada por la crisis que a su vez tampoco la ha propiciado la sociedad.



Foto: Pedro Taracena

Antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Catalunya, por una cuestión que no es un crimen consumado, sería preciso que el Ministerio Fiscal actuara, porque tiene la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por ley, de oficio o a petición de los interesados. Artículo 124 de la Constitución. Los recortes han traído paro, pobreza, miseria, hambre, desnutrición y sobre todo desigualdad. Según qué comunidad autónoma la asistencia sanitaria se lleva a extremos esperpénticos, donde estamos más cerca de actuaciones criminales con peligro de muerte, que de meros reajustes de presupuesto obligados por la crisis económica.
Dos ejemplos ilustran este, digamos mí planteamiento demagógico y populista: Mientras enfermos de hepatitis claman en la calle para que les proporcionen el medicamento que no les aplican porque es caro, se está poniendo a disposición de los enfermos de ébola, todo lo que ha menester para salvar vidas. Que nadie interprete de forma  torticera, esta anécdota porque yo compare la asistencia dada a compatriotas nuestros, que son héroes y víctimas de la explotación del hombre por el hombre, pero ilustra claramente la desigualdad que se está creando en España.
Sin duda que algo o mucho huele a podrido en el Reino de España, que la clase política y gran parte de la empresarial, necesitan una enmienda a la totalidad, pero mientras, estamos siendo testigos de la indecisión del Gobierno y de los crímenes cometidos por sus políticas ahogando al pueblo.
La problemática catalana es una cuestión política y la Constitución no es un dogma de fe, es un documento político que se puede y se debe cambiar, al servicio de los ciudadanos. Pero los niños hambrientos, los dependientes sin ayuda y los enfermos están viendo cercenada su asistencia médica, que está provocando muertes prematuras y una desigualdad de los derechos constitucionales. Ante este innegable estado de emergencia, la clase política lejos de articular soluciones constitucionales, ha fosilizado la Constitución y corrompido la vida pública…