Por Pedro Taracena
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere
las obligaciones que la Constitución u otras leyes
le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de
España, el Gobierno,
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la
aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrán adoptar las medidas necesarias para obligar a
aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Foto: Pedro Taracena
A pesar de la ambigüedad del texto
constitucional, es evidente que el Gobierno sólo cuando le conviene evoca el cumplimiento de la Constitución y denuncia su no cumplimiento cuando lo puede
utilizar para atacar inmisericorde a los que discrepan de su política de recortes. Rajoy tiene ente sus ojos un desafío que su inmovilismo innato no le permite mover un
dedo. Las cosas hay que hacerlas como Dios manda y esto le tranquiliza y le
deja como si estuviera inerme. Aunque
sus secuaces ya han presentado una batería de medidas, incluyendo la intervención militar, si la intentona separatista de Catalunya se consumara unilateralmente.
No deja de ser escandaloso que el Gobierne a través de su política de recortes de derechos, que él llama bajo el
eufemismo de reformas, sea el primero
que no está cumpliendo la
Constitución.
El Gobierno ha provocado la destrucción del Estado del Bienestar y se manifiesta de forma
fehaciente en la desigualdad que se ha provocado entre los españoles. Unos pocos,
más ricos, y el resto, más pobres, a nivel nacional. Pero quien ha materializado las
desigualdades más patentes han
sido las Comunidades Autónomas. El artículo 155 de la Constitución Española está siendo violado
en unas en más proporción que en otras, ya sin necesidad de llegar al 9-N. El
Gobierno in extremis puede utilizar el artículo 155: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que
atente gravemente al interés general de España… ¿Este precepto solamente está pensado para el separatismo? ¿El separatismo en sí es un crimen, es un delito? ¿El artículo 155 entiende que la privación de derechos constitucionales atenta, gravemente al interés general de España…?
No hace falta que los ciudadanos estemos
muy versados en ingeniería jurídica, pero basta con leer el Título I de la Constitución Española para observar
el déficit de derechos constitucionales al cual han sometido a la ciudadanía española, estos últimos seis años. En dos ámbitos muy precisos: La ausencia de democracia real en todas las
instituciones del Estado, donde el
gobierno del pueblo no ha sido para el pueblo, sino dirigido por los
poderes del dinero, y el otro ámbito es el de la
corrupción más generalizada
que jamás podríamos haber pensado: agravada por la crisis que a su vez tampoco la ha
propiciado la sociedad.
Foto: Pedro Taracena
Antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Catalunya, por una cuestión que no es un crimen consumado, sería preciso que el Ministerio Fiscal actuara, porque
tiene la misión de promover la acción de la justicia
en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por ley, de oficio o a petición de los interesados. Artículo 124 de la Constitución. Los recortes han traído paro, pobreza, miseria, hambre, desnutrición y sobre todo desigualdad. Según qué comunidad autónoma la asistencia sanitaria se lleva a extremos esperpénticos, donde
estamos más cerca de
actuaciones criminales con peligro de muerte, que de meros reajustes de
presupuesto obligados por la crisis económica.
Dos ejemplos ilustran este, digamos mí planteamiento demagógico y populista: Mientras enfermos de hepatitis claman en la calle
para que les proporcionen el medicamento que no les aplican porque es caro, se
está poniendo a disposición de los enfermos de ébola, todo lo que ha menester para salvar vidas.
Que nadie interprete de forma torticera,
esta anécdota porque yo compare la asistencia dada a compatriotas nuestros, que
son héroes y víctimas de la
explotación del hombre por
el hombre, pero ilustra claramente la desigualdad que se está creando en España.
Sin duda que algo o mucho huele a podrido
en el Reino de España, que la clase política y gran parte de la empresarial, necesitan una
enmienda a la totalidad, pero mientras, estamos siendo testigos de la indecisión del Gobierno y de los crímenes cometidos por sus políticas ahogando al pueblo.
La problemática catalana es una cuestión política y la Constitución no es un dogma de fe, es un documento político que se puede y se debe cambiar, al servicio de
los ciudadanos. Pero los niños hambrientos,
los dependientes sin ayuda y los enfermos están viendo cercenada su asistencia médica, que está provocando muertes prematuras y una desigualdad de
los derechos constitucionales. Ante este innegable estado de emergencia, la
clase política lejos de
articular soluciones constitucionales, ha fosilizado la Constitución y corrompido la vida pública…
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