CRISTINA DE BORBÓN Y GRECIA Y MIGUEL BLESA DE LA PARRA

Pedro Taracena

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Artículo 117 de la Constitución Española.

La justicia no solamente tiene que ser legal y legítima sino que el pueblo debe de percibirla como justa. No en balde la Constitución establece que la justicia emana del pueblo a pesar de ser lego en leyes. El sentido común y la ley natural impresa en todo ser humano de, “haz el bien y evita el mal”, es suficiente para percibir dónde está y dónde no está la equidad y la justicia.

La infanta Cristina de Borbón y Grecia ha sido imputada por el juez José Castro Aragón, en el proceso donde está implicado su marido y hasta 15 afectados más. En apariencia, la Casa Real mantiene manifiesto respeto absoluto por la independencia del poder judicial. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción con dependencia jerárquica del Gobierno, el abogado de la infanta Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución y muy ligado al predecesor de Felipe VI, rey Juan Carlos, así como el Abogado del Estado, se han precipitado de forma inusitada a recurrir, por segunda vez, la imputación de la hermana del Rey. De quince imputados, únicamente se recurre la imputación de la infanta… La situación que yo percibo es que, la traída y llevada frase de que: “todos somos iguales ante la ley”, es la propia ingeniería procesal llevada hasta sus últimas consecuencias, quien lejos de beneficiar a la infanta la estarían perjudicando. Porque el disparate de las múltiples defensas, va a pronunciar más si cabe la desigualdad de trato a Cristina de Borbón por ser Infanta de España. El disparate puede consumarse si la Audiencia hace caso sumiso a los recursos de la defensa y saca del proceso a la hermana del Rey. En el caso de que se abra juicio oral y la infanta sea condenada en firme, después de los más que probables recursos al Tribunal Supremo, siempre le quedará al Gobierno concederle la gracia del indulto. En ese preciso momento se habrá consumado el esperpento nacional. Todo el proceso habrá sido legal pero la justicia que emana del pueblo se ha quedado por el camino.

Cambiamos de escena y volvamos en el tiempo al antiguo director de Bankia Miguel Blesa de la Parra. En este caso no es necesario guardar las apariencias porque detrás de este insigne banquero no está la Corona de España. El sistema procesal español que, según los eruditos en derecho es de los más garantes del mundo, ha obrado en consecuencia y este señor imputado por delitos que constituyen auténticos crímenes contra los ciudadanos, está en la calle después de haber separado a un juez del caso porque se ha dado más importancia a la letra de la ley que a su espíritu. Es evidente que en el caso Blesa la ingeniería procesal está siendo mucho menos transparente, porque hay que defender y protegen a miembros de la casta que pertenecen al poder financiero, más fuerte que las instituciones del Estado. Esto supone desigualdad de trato manifiesto porque en ello va la subsistencia del mismo sistema corrupto. La Corona no puede ayudar más de lo que ha hecho para defender a la infanta, pero la capacidad de defensa y autodefensa de jueces y banqueros en connivencia con el Gobierno, es mucha más eficaz. ¿Será juzgado Miguel Blesa? ¿Resultará condenado por sus crímenes? En el caso de condena firme ¿Será indultado?

Si estos interrogantes se formulan ante el caso Blesa, las respuestas estás envueltas en obviedades referentes a la presunción de inocencia, el respeto a las garantías procesales, determinación si es un juez estrella quien lleva el caso o si la causa pasa de mano en mano hasta el archivo de la causa por prescripción de los delitos.

Estas mismas preguntas hechas ante el caso Urdangarín, las respuestas han de ser menos ambiguas, porque ante cualquier desvío hacia el trato de favor de un miembro de la familia del Rey, sería un escándalo de consecuencias irremediables para una institución del Estado. En resumen, el derecho procesal en España permite que legalmente todos los españoles seamos diferentes ante la ley, o dicho de otra forma, más o menos iguales dependiendo de los recursos de la defensa.