LO JUSTO LO LEGAL Y EL ESTADO DE DERECHO

Por Pedro Taracena

El Estado de derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma de organización política) y el derecho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. El Estado de derecho surge por oposición al Estado absolutista, donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. El Estado de derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno.

Con estas premisas traídas hasta aquí de fuentes legales, es obvio que Franco rompió el Estado de Derecho en España el 18 de julio de 1936 y solamente se restableció en 1978 con la promulgación de la Constitución. ¡Cuarenta y dos años son demasiado tiempo para vivir en la mentira del estado de derecho! Sin embargo la dictadura se la consideró como un régimen que disponía de “sus” leyes, es decir, de su legalidad. No solamente nacional sino reconocida por el concierto de las naciones. Pero esa legalidad era falsa y cualquier ley que emane de este marco jurídico es injusta, aunque legal. Es decir, prescrito por ley y conforme a ella. Perteneciente o relativo a la ley o al derecho. Entendiendo aquí un derecho de base ilegítima, con carácter  excepcional.

Lo justo se basa en lo legal pero no tiene por qué la justicia ser expresión de la legalidad correspondiente. Justo, es aquello que obra con arreglo y según justicia y razón. En la dictadura es fácil evaluar que lo legal y lo justo supuso una farsa,  contraria al derecho y a la razón. Pero en democracia, también, se puede constatar que lo legal y lo justo no siempre son concordantes. En la España actual hay un entramado de leyes y de conductas observables de los poderes públicos, donde no pocos preceptos legales van en contra del espíritu de la Constitución manifiestamente injustos. Artículos de la Carta Magna que su interpretación es torticera por quien debe aplicar su espíritu cuanto más se ajuste a la justicia y la razón.

El artículo 117 de la Constitución dice que: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrados en el poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Este artículo me permite separar lo legal de lo justo, no en balde el legislador atribuye al pueblo discernir lo justo de lo injusto, al margen de tecnicismos jurídicos. Como parte integrante del pueblo contemplo con escándalo leyes y conductas donde lo legal y lo justo entran en fragante conflicto.

El artículo 135 de la Constitución ha sido modificado al servicio de los mercados que compran nuestra deuda a cambio de sembrar la injusticia y desigualdad en el pueblo español: Desahucios, recortes en Sanidad, Educación y Dependencia, una injusticia legislada legalmente. Se ha otorgado seguridad jurídica a los bancos e injusticia a los ciudadanos.  La reforma laboral constituye una norma legal pero a todas luces injusta; arrancando derechos constitucionales a los trabajadores. A estos ejemplos legislativos podríamos añadir muchas más. Pero el cúmulo de despropósitos que atentan contra la justica está en los indultos y la corrupción. La corrupción de los políticos y empresarios se dota de una ingeniería económica legal, establecida por el poder político y económico para burlar la justicia que el pueblo percibe como desigual. Y si la justicia se aleja de la legalidad y llega a condenar a personas allegadas a los poderes legales o fácticos, el Gobierno desequilibra la justicia aplicada con la arbitrariedad del indulto. Sentencia firme e indulto igual de legales pero deferentes en equidad, en justicia.