viernes, 20 de julio de 2018

REFLEXIONES POLÍTICAS DE ACTUALIDAD





Por Isidoro Gracia
Exdiputado


El discurso del Presidente de Gobierno, los tiempos políticos y los tiempos mediáticos


En la presentación de su programa de gobierno Pedro Sánchez hizo anuncios de iniciativas, la prensa no habla de iniciativas sino de promesas, y en la red se pide que se apliquen hoy mismo.
En un artículo anterior, en este mismo medio, ya adelantábamos que gobernar con pocos diputados no era imposible pero sí difícil y limitado, también que era posible hacer mucho más de lo que las apariencias indican, pero se me olvidó añadir aquello que dice el sabio refranero: “las cosas de palacio van despacio”, que en lo que respecta cualquier gobierno es de plena aplicación, incluso para aquellos que tienen mayorías absolutas.
En las semanas anteriores, hay que recordar aquí que la antigüedad de los ministros en sus puestos son cinco semanas, los ministros también adelantaron intenciones y proyectos, que los medios convirtieron inmediatamente en promesas a corto, cortísimo plazo, e incluso en hechos casi inminentes, aplicables en cuestión de horas, no digamos ya las redes sociales que reclamaron incluso aplicaciones retroactivas, so pena de calificativos en el que más suave era ese del “todos son iguales”, y abundaban los de traiciones varias a declaraciones con antigüedad de lustros, en circunstancias legales diferentes, pero para muchos lo de la evolución de las circunstancias legales, la separación de poderes y el principio de no retroactividad de las normas, si perjudican a los afectados, no está muy claro a pesar de los 40 años de Democracia.
En uno y otro caso el viejo plazo de cortesía de los cien primeros días quedó en menos de 100 horas, minutos si miramos las crónicas de los diarios de la tarde del discurso, segundos en Twitter y Facebook.
Me parece necesario recordar a ministros, parlamentarios y expertos comentaristas políticos, e informar a muchos ciudadanos impacientes alguna de las cosas que adelantábamos en el artículo del pasado mes.
Lo más fácil para el gobierno son los nombramientos, solo algunos de los cuales exige acuerdo de Consejo de Ministros, y entonces ya indicábamos que eran miles, y hoy añadimos que es necesario el acuerdo previo de los interesados. También indicábamos que es posible afrontar algunos problemas y decisiones con una norma al nivel de Decreto, o de rango inferior, pero su tramitación exige plazos difícilmente inferiores a los tres o cuatro meses, más si tienen repercusión presupuestaría, o la normativa exige consultas exteriores al propio Gobierno, no cuento entre las consultas exteriores las de índole política o social, solo las administrativamente obligatorias.
Llegamos a un punto crítico, el de los Decretos Ley, en este punto la voluntad del Gobierno solo es una, muy importante pero no decisiva, la prueba de fuego es el paso de la iniciativa por Congreso y Senado. Y el máximo de dificultad llega cuando cualquier Ley demanda mayorías cualificadas como las modificaciones de leyes orgánicas, por ejemplo la de educación, o la apellidada “mordaza” De los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen el tema impuestos, y asignación territorial de inversiones, creo innecesario resaltar una dificultad que cualquier ciudadano mínimamente informado intuye, y siempre se quedará corto en su apreciación.
¿Qué es lo que intento demostrar?: Primero, que los tiempos y plazos de la política real en su aplicación son obligadamente lentos, no solo dependen de la voluntad del Gobierno, incluso tampoco del poder legislativo en solitario, cualquier anuncio necesitará de meses de trabajo y trámite para su concreción. Segundo, que muchos de los medios de comunicación tienden a confundir iniciativa política con promesa de obligado cumplimiento, y que su propia dinámica de inmediatez, a ser posible con exclusiva en portada del día, debe marcar el ritmo de una maquinaria administrativa y burocrática, de ritmo obligado y prudentemente lento, que además tiene que tener en cuenta las cautelas y salvaguardas de los poderes legislativo y judicial, y en el que poder ejecutivo solo es el conductor, y que en este caso el conjunto no cuenta con tecnología similar a la de la Formula 1. Y tercero, que el ciudadano de a píe no es consciente y paciente, en especial cuando las decisiones y propuestas le tocan de cerca, para distinguir entre iniciativa y promesa, realidad deseada y realidad posible, entre ritmo administrativo y ritmo mediático.


domingo, 15 de julio de 2018

JUSTICIA ESPAÑOLA VERSUS JUSTICIA UNIVERSAL



Estos dos señores urdieron el engaño


La Justicia emana del pueblo… Articulo 117



Si las leyes que emanan de la Constitución Española se pasan por el crisol de la Justicia Universal y el Derecho supranacional, es decir la DECLARACIÓN UNIVESAL DE LOS DEREC HOS HUMANOS DE 1948, y se comparan con la experiencia española desde 1939 hasta nuestros días, es absurdo buscar comparativos que justifiquen el “aquí y ahora” de nuestra España. Cinco experiencias para comparar aunque las comparaciones sean odiosas:
Grecia, supera la Dictadura de los Coroneles y somete a referéndum la elección entre República y Monarquía. El resultado fue República.
Portugal, el Movimiento de la Fuerzas Armadas derrocan la Dictadura a través de la Revolución de los Claveles. Una revolución incruenta y nadie del viejo régimen tomaron parte de la nueva República. Hubo ruptura con la tiranía, no continuismo ni transición.
Francia, la Revolución Francesa marcó un hito en el horizonte de futuro, no solamente para los franceses, sino para el Estado Laico. La Asamblea Constituyente decretó la DECLARARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO. Constituyó la mayor ruptura contra el poder absoluto del rey.
Alemania, sufre los crímenes horrendos del Nazismo y aplastado el régimen nazi, el Proceso de Núremberg juzgó a los seguidores de Hitler. En Alemania es un delito hacer apología del nazismo, El Genocidio y el Holocausto es condenado sin apelativos.
Y por último Italia. Si Alemania es la cuna del Nazismo, Italia lo es del Fascismo y en ambos países son regímenes detestables y sus “héroes” perseguidos y proscritos.
El Franquismo llegó a España para quedarse a través de varias formas y maneras. Falange Española y de la JONS, versión hispana del fascismo italiano, encontró terreno abonado en la Oligarquía, en el Ejército y en la Iglesia. El Generalísimo Invicto planificó un genocidio que consumó desde 1936 hasta 1975, y que exaltado a la Jefatura del Estado, fue Caudillo de España por la Gracia de Dios. Los Autos del Juez Garzón dan fe de tales crímenes. 
El Alzamiento Nacional para derrocar la República fue apoyado por el Capital, el Ejército y la Iglesia. El plan consistía en implantar de nuevo la Monarquía trayendo a un miembro de la Casa de Borbón,  para instaurar que no restaurar el Trono de España. Fallecido el general golpista, las Cortes Franquistas coronaron Rey de España a Juan Carlos I. A Franco la legitimidad se la dio sus propios crímenes, invicto en la Guerra Civil. Y la Corona del Rey se ceñía sobre sus sienes con una base de doble ilegitimidad: El heredero de la Corona era su padre Juan de Borbón y las Cortes Generales tomaban juramento al nuevo Rey que juraba fidelidad a los Principios de Movimiento Nacional, base de la dictadura franquista.
Los disparates se sucedían uno tras otro. Las mismas Cortes Franquistas ya con el Rey reinando aunque no gobernando, decretaron una Ley de Amnistía, que amnistiaba a verdugos y a víctimas por igual. Y el esperpento se consumó cuando el Presidente del Gobierno de Su Majestad, tuvo a bien convocar un referéndum para que el pueblo votara sobre la Reforma Política. Empeñados en respetar el testamento de Franco sobre la unidad de España y que el Rey siguiera siendo el Rey, planteó una doble pregunta camuflada, dos cuestiones de diferente naturaleza en el mismo paquete, o quizás introdujo una variable de pánico como única solución más conveniente para los españoles. La verdad es que es insostenible en cualquier Estado de Derecho que se someta a referéndum: emprender un camino libre y democrático, confundido con el sistema de gobierno como es confirmar a un Monarca. Un pueblo como el español que después de ocho años de República, un Golpe de Estado, tres años de Guerra Civil y cuarenta de Dictadura, ¿Qué iba a elegir? Si la opción democrática llevaba implícito una monarquía parlamentaria. El verdadero pánico no estaba en el pueblo aterrado por el franquismo, sino la propia clase política que sabía que la doble pregunta: ¿República que el general sanguinario derribó? o ¿Restauración Monárquica? Ganaría la República.
Es evidente que la Constitución Española de 1979 se hizo sobre una mentira que fue la ilegitimidad del Rey de España. Además fue tutelada por los mismos que dieron el golpe del 36. En España la legitimidad y la legalidad no siempre coinciden. El pacto constitucional se blindó con un halo dogmático, donde el espíritu franquista quedó atado y bien atado. Y los constitucionalistas  que defienden a capa y espada el Régimen del 78, tienen aliados muy potentes: la Oligarquía Económica, el Oligopolio Energético, el Ejército, la Iglesia y los Franquista seguidores de Franco, Fraga, Aznar y Rajoy. El Rey que aunque reina pero no gobierna, cuando ha pretendido cumplir con al papel de árbitro que la Constitución le otorga, se ha convertido en el Rey Títere. Él y el triunvirato PP PSOE y C’s que le acompaña es el menos interesado en que se cuestione ni una sola coma de la Carta Magna. Es evidente que en esta comparsa los Medios de Comunicación tiene un papel fundamental. 
Esta breve exposición no es una opinión propia. Es una secuencia histórica que muestra claramente que en España la legitimidad, la legalidad, la justicia, la democracia y el concepto de Estado de Derecho, entran no pocas veces en discrepancias nada despreciables. 
Volviendo al origen de este breve ensayo, España tiene abierto lo quiera o no un contencioso legal con Europa, a causa del conflicto histórico del secesionismo catalán en el día de hoy, pero de forma latente otros como el vasco, valenciano… 
Hay conceptos que jamás han tenido que salir del ámbito de la política. La política se ha judicializado y la justica se ha politizado. Conceptos semánticos como emotivos: la nación, la unidad de la patria, el concepto patrio, la sacralización de los símbolos, la guerra de las banderas… 
¿Qué hacer cuando la gente se cuestiona la legitimidad que le rodea? ¿Qué hacer con dos millones de ciudadanos que no creemos en la nación española? ¿Qué hacer con muchos ciudadanos que tenemos otras banderas como propias? ¿Qué hacer con los que pensamos que el Rey no es el legítimo Jefe del Estado? ¿Qué hacer con los que pensamos que aunque NO seamos secesionistas deseamos votar? ¿Qué hacer con un Rey que se escoró a favor del Gobierno que aplicó la fuerza del 155? ¿Qué hacer con los que pensamos que en España hay presos políticos y exiliados políticos? ¿Qué hacer con perfiles como el mío?
Soy español de nacimiento y catalán de sentimiento. He vivido en Catalunya y me siento español y catalán. He vivido muchos años en Catalunya. Tengo una hija catalana de nacimiento. He vivido la Transición en Catalunya durante la década de los setenta. Viví el primer viaje de Juan Carlos I a Catalunya. La llegada de Tarradellas y los incipientes pasos de la Generalitat. Mi padre exiliado en Francia, combatiente en el bando de la República. Mi abuelo asesinado por ser alcalde socialista y maestro en 1941. Mi abuela encarcelada por ser su mujer, rapada y purgada. Con siete hijos cuidados por una tía soltera. Mi familia y yo ha sido víctima de la guerra, de la dictadura, de la transición y ahora somos testigos atónitos del espectáculo franquista ante el mundo. España goza de legalidad, pero con nula legitimidad. A España le sobran motivos para ser considerada como un Estado fallido. Si la prensa no lo denuncia no los políticos clásicos tendremos que ser el pueblo. La frase del comienzo de este breve ensayo: 
La Justicia emana del pueblo… Articulo 117
Si fueron los Padres de la Constitución quienes la escribieron, debían de estar enajenados porque ahora los políticos del Régimen del 78 adoran las leyes como si fueran el nuevo Becerro de Oro, pero no cumplen ni uno solo de los preceptos constitucionales. Menos el 155 que es el precepto que más cumple el testamento de Franco. La unidad nacional.

Javier Pérez Royo


Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla




 No es un juicio de valor, señor Borrell


15/07/2018

En una entrevista publicada ayer domingo en El País, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, respondía a la pregunta acerca de su opinión sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein respecto de la euroorden cursada en su día por el Juez Pablo Llarena, que por supuesto que acataba la decisión, pero reivindicaba al mismo tiempo su derecho a decir que no estaba de acuerdo con ella y a expresar su crítica.
Obviamente no hay nada que objetar a dicha respuesta. Las resoluciones judiciales en cuanto actos de un poder del Estado pueden y deben ser criticadas. Todas. Sean del país que sean.


COLECCIÓN DE PERLAS CULTIVADAS


































































Más hemeroteca de Javier Pérez Royo

El estatus jurídico de Puigdemont tras la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein

13/07/2018

Carles Puigdemont es ciudadano español. Es posible que prefiriera no serlo. Pero lo es. Y en cuanto tal, es titular de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a circular libremente por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente del mismo (art. 19 CE).
El ejercicio de ese derecho únicamente puede verse limitado mediante una decisión judicial. Cuando un juez entienda que hay indicios racionales de criminalidad en la conducta de Carles Puigdemont, puede proceder contra él y adoptar las medidas que, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, estime pertinentes.

LA JUSTICIA ESPAÑOLA IMPREGNADA DEL FRANQUISMO AL MARGEN DE EUROPA

Editado por: Pedro Taracena Gil