viernes, 27 de junio de 2014

CRISTINA DE BORBÓN Y GRECIA Y MIGUEL BLESA DE LA PARRA

Pedro Taracena




La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Artículo 117 de la Constitución Española.


La justicia no solamente tiene que ser legal y legítima sino que el pueblo debe de percibirla como justa. No en balde la Constitución establece que la justicia emana del pueblo a pesar de ser lego en leyes. El sentido común y la ley natural impresa en todo ser humano de, “haz el bien y evita el mal”, es suficiente para percibir dónde está y dónde no está la equidad y la justicia.
La infanta Cristina de Borbón y Grecia ha sido imputada por el juez José Castro Aragón, en el proceso donde está implicado su marido y hasta 15 afectados más. En apariencia, la Casa Real mantiene manifiesto respeto absoluto por la independencia del poder judicial. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción con dependencia jerárquica del Gobierno, el abogado de la infanta Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución y muy ligado al predecesor de Felipe VI, rey Juan Carlos, así como el Abogado del Estado, se han precipitado de forma inusitada a recurrir, por segunda vez, la imputación de la hermana del Rey. De quince imputados, únicamente se recurre la imputación de la infanta… La situación que yo percibo es que, la traída y llevada frase de que: “todos somos iguales ante la ley”, es la propia ingeniería procesal llevada hasta sus últimas consecuencias, quien lejos de beneficiar a la infanta la estarían perjudicando. Porque el disparate de las múltiples defensas, va a pronunciar más si cabe la desigualdad de trato a Cristina de Borbón por ser Infanta de España. El disparate puede consumarse si la Audiencia hace caso sumiso a los recursos de la defensa y saca del proceso a la hermana del Rey. En el caso de que se abra juicio oral y la infanta sea condenada en firme, después de los más que probables recursos al Tribunal Supremo, siempre le quedará al Gobierno concederle la gracia del indulto. En ese preciso momento se habrá consumado el esperpento nacional. Todo el proceso habrá sido legal pero la justicia que emana del pueblo se ha quedado por el camino.



Cambiamos de escena y volvamos en el tiempo al antiguo director de Bankia Miguel Blesa de la Parra. En este caso no es necesario guardar las apariencias porque detrás de este insigne banquero no está la Corona de España. El sistema procesal español que, según los eruditos en derecho es de los más garantes del mundo, ha obrado en consecuencia y este señor imputado por delitos que constituyen auténticos crímenes contra los ciudadanos, está en la calle después de haber separado a un juez del caso porque se ha dado más importancia a la letra de la ley que a su espíritu. Es evidente que en el caso Blesa la ingeniería procesal está siendo mucho menos transparente, porque hay que defender y protegen a miembros de la casta que pertenecen al poder financiero, más fuerte que las instituciones del Estado. Esto supone desigualdad de trato manifiesto porque en ello va la subsistencia del mismo sistema corrupto. La Corona no puede ayudar más de lo que ha hecho para defender a la infanta, pero la capacidad de defensa y autodefensa de jueces y banqueros en connivencia con el Gobierno, es mucha más eficaz. ¿Será juzgado Miguel Blesa? ¿Resultará condenado por sus crímenes? En el caso de condena firme ¿Será indultado?
Si estos interrogantes se formulan ante el caso Blesa, las respuestas estás envueltas en obviedades referentes a la presunción de inocencia, el respeto a las garantías procesales, determinación si es un juez estrella quien lleva el caso o si la causa pasa de mano en mano hasta el archivo de la causa por prescripción de los delitos.
Estas mismas preguntas hechas ante el caso Urdangarín, las respuestas han de ser menos ambiguas, porque ante cualquier desvío hacia el trato de favor de un miembro de la familia del Rey, sería un escándalo de consecuencias irremediables para una institución del Estado. En resumen, el derecho procesal en España permite que legalmente todos los españoles seamos diferentes ante la ley, o dicho de otra forma, más o menos iguales dependiendo de los recursos de la defensa.

lunes, 16 de junio de 2014

LO JUSTO LO LEGAL Y EL ESTADO DE DERECHO




Por Pedro Taracena


El Estado de derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma de organización política) y el derecho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. El Estado de derecho surge por oposición al Estado absolutista, donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. El Estado de derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno.


Con estas premisas traídas hasta aquí de fuentes legales, es obvio que Franco rompió el Estado de Derecho en España el 18 de julio de 1936 y solamente se restableció en 1978 con la promulgación de la Constitución. ¡Cuarenta y dos años son demasiado tiempo para vivir en la mentira del estado de derecho! Sin embargo la dictadura se la consideró como un régimen que disponía de “sus” leyes, es decir, de su legalidad. No solamente nacional sino reconocida por el concierto de las naciones. Pero esa legalidad era falsa y cualquier ley que emane de este marco jurídico es injusta, aunque legal. Es decir, prescrito por ley y conforme a ella. Perteneciente o relativo a la ley o al derecho. Entendiendo aquí un derecho de base ilegítima, con carácter  excepcional.
Lo justo se basa en lo legal pero no tiene por qué la justicia ser expresión de la legalidad correspondiente. Justo, es aquello que obra con arreglo y según justicia y razón. En la dictadura es fácil evaluar que lo legal y lo justo supuso una farsa,  contraria al derecho y a la razón. Pero en democracia, también, se puede constatar que lo legal y lo justo no siempre son concordantes. En la España actual hay un entramado de leyes y de conductas observables de los poderes públicos, donde no pocos preceptos legales van en contra del espíritu de la Constitución manifiestamente injustos. Artículos de la Carta Magna que su interpretación es torticera por quien debe aplicar su espíritu cuanto más se ajuste a la justicia y la razón.
El artículo 117 de la Constitución dice que: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrados en el poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Este artículo me permite separar lo legal de lo justo, no en balde el legislador atribuye al pueblo discernir lo justo de lo injusto, al margen de tecnicismos jurídicos. Como parte integrante del pueblo contemplo con escándalo leyes y conductas donde lo legal y lo justo entran en fragante conflicto.

El artículo 135 de la Constitución ha sido modificado al servicio de los mercados que compran nuestra deuda a cambio de sembrar la injusticia y desigualdad en el pueblo español: Desahucios, recortes en Sanidad, Educación y Dependencia, una injusticia legislada legalmente. Se ha otorgado seguridad jurídica a los bancos e injusticia a los ciudadanos.  La reforma laboral constituye una norma legal pero a todas luces injusta; arrancando derechos constitucionales a los trabajadores. A estos ejemplos legislativos podríamos añadir muchas más. Pero el cúmulo de despropósitos que atentan contra la justica está en los indultos y la corrupción. La corrupción de los políticos y empresarios se dota de una ingeniería económica legal, establecida por el poder político y económico para burlar la justicia que el pueblo percibe como desigual. Y si la justicia se aleja de la legalidad y llega a condenar a personas allegadas a los poderes legales o fácticos, el Gobierno desequilibra la justicia aplicada con la arbitrariedad del indulto. Sentencia firme e indulto igual de legales pero deferentes en equidad, en justicia.

martes, 10 de junio de 2014

DE LA SANTA TRANSICIÓN A LA CASTA CACIQUIL




Por Pedro Taracena

Hasta que Pablo Iglesias acuñara el término de casta para denominar a los hacedores de la Transición, ha ido tomando cuerpo la idea de que el periodo de 1975, muerte del dictador, hasta 1978 promulgación de la Constitución, no ha sido tan modélico como nos habían contado. Aunque muchos percibíamos que el pacto no escrito ni firmado entre los franquistas y las fuerzas venidas del exilio y la clandestinidad, se hizo impuesto por los primeros sin renunciar a nada y cediendo terreno por parte de los segundos. Cínicamente se ha hablado del pacto constitucional, pero lo perverso de la Transición no está en el pacto constitucional, sino aquello que se mantiene contrario a la Constitución. La Constitución Española se colocó a la vanguardia de su entorno europeo, pero los derroteros de la mal llamada transición modélica fueron una farsa y un esperpento. No se reconoció que la República fue un régimen legítimo y que Franco truncó el Estado de Derecho de 1936 hasta 1978. Se mantuvieron los Acuerdos con la Santa Sede contrarios a la aconfesionalidad del Estado. No se condenó bajo ningún formato el golpe de estado franquista que provocó un sangriento enfrentamiento fratricida; justificando una cruel dictadura. La herida se cerró en falso y aún sigue abierta y sangrando. Estos hechos son la Historia con mayúscula de esta España, que no pocos sólo la denominan este país, para evitar llamarla por su nombre.



GUERNICA
PABLO PICASSO

La gran farsa es mantener que hubo que ceder ante los franquistas para evitar un cuartelazo, que lo hubo, y una involución que ya se ha consumando. Durante estos años de 1978 hasta nuestros días se ha ido configurando La Casta, en el sentido más peyorativo que se pueda utilizar: La Corona con sus amigos interiores y exteriores, nada modélicos. Reyezuelos déspotas, tiranos medievales, caciques, empresarios y banqueros de baja catadura moral. La clase política colocando su corrupción como el hito más importante de la vida pública de España. El bipartidismo ha despojado al Estado de la soberanía y ha sido cómplice de la delictiva Europa de los mercaderes, no de los ciudadanos. Todos estos años ha habido un Gobierno legítimo y democrático pero solo en apariencia. En realidad ha sido La Casta la que ha gobernado y gobierna nuestro suelo ibérico. A través de una gran coalición: caciques, políticos corruptos, banqueros, patronal y los obispos, han sido y son los que ponen en bandeja a los mercados los esclavos, los niños hambrientos, los desahuciados, los dependientes abandonados, los científicos en la diáspora y la España en quiebra.
Ante la abdicación del Rey y la entronización de Felipe VI, La Casta está temblando porque los cabos que ellos creían atados y bien atados, están sueltos y a buen recaudo en las calles y plazas de las ciudades. Mientras La Casta se organiza en improvisada corte de aduladores y estómagos agradecidos, por no decir caciques y pelotas, las ciudades se tiñen de banderas republicanas, reivindicando que la República fue destruida por Franco con la aquiescencia de Don Juan   padre del auto defenestrado Rey Juan Carlos. Las raíces de la monarquía española se hunden en una dictadura sanguinaria. Los franquistas del Partido Popular y el mismo monarca han sido compañeros en el perverso viaje de no reconocer la legitimidad de la República y no condenar la dictadura franquista. El Rey abandona el trono sin haber jurado la Constitución. Ahora el futuro Felipe VI ha jurado la Constitución pero tendría que reconocer la legitimidad de la República y condenar la dictadura obligando a que también la condene el PP. Todos esto es demagogia pero esta demagogia tiene una bandera que blandimos en la calle y no tiene visos de que ceda su blandir. La bandera de la República, la indignación y la protesta. Esta demagogia se nutre también de las otras acepciones del verbo blandir. Mientras masacran al pueblo, La Casta, conjuga el verbo blandir en todos sus modos, tiempos, números y personas; adulando, halagando y lisonjeando la monarquía; forjando una legitimidad que no la contemplan como  suficientemente afianzada en la Constitución. Cuando Felipe VI sienta sobre sus sienes el peso de la Corona, dos terceras partes de españoles aliviarán su peso con sus aplausos, pero otro tercio estará en la calle denunciando los fraudes históricos de los que ha sido víctima a través de la Historia.
Felipe VI tiene tres frentes abiertos: El derecho a decidir de vascos y catalanes. El creciente aumento de la sensibilidad republicana y deshacerse de La Casta.


EL REY REINA PERO NO GOBIERNA, ENTONCES QUÉ HACE…






Por Pedro Taracena

Es verdad que el panorama español es de extrema gravedad, aunque el Gobierno trate de enbaucar hasta la saciedad, pero en la actualidad, al mismo tiempo que algo huele a podrido en el Reino de España, también es cierno e innegable que el pueblo no se deja intimidar y está perdiendo el miedo. El periodismo de la Sexta, el leguaje del Movimiento 15-M, la irrupción de Podemos en el panorama político, están reforzando la lucha de la fraccionada izquierda; consolidándose a corto plazo en una izquierda plural como la vida misma, fuerte y resolutiva de los problemas endémicos y sistémicos de España.
A pesar de que Felipe VI tendría que asumir el lema de que: El Rey reina pero no gobierna. No obstante, el artículo 56 de la Constitución le otorgó la función que: Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Es lo que hizo su padre Juan Carlos I en la noche del 23-F cuando los poderes del Estado estaban secuestrados. La literatura de este artículo es muy amplia y si el Rey fuera sensible en ciertos aspectos, sin duda que puede hacer de árbitro y moderador. Ante la guerra de Irak, con el Gobierno enzarzado en una guerra cruel  y absurda, el silencio de Juan Carlos no se lo impuso la Constitución. Ahora puede suceder lo mismo, que Felipe VI esté muy preparado para cortar cintas, inaugurar eventos, recibir a Jefes de Estado y sacar las castañas del fuego a los empresarios españoles, porque el Gobierno no es capaz de hacerlo. Pero si el Rey no se acerca a los parados, desahuciados, pobres, hambrientos y dependientes, y espera pacientemente a que La Casta le diga lo que tiene que hacer ¿Para qué ha abdicado su padre?  De los actos del Rey es responsable  el Gobierno pero los actos censurables del Gobierno deben de ser denunciados por el Rey. A los discursos del Rey debe de tener acceso el pueblo más desfavorecido. Si La Casta sigue dirigiendo las acciones del Rey y sus discursos ¿Para qué ha abdicado el Rey Juan Carlos I? 

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LA CASTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN


Por Pedro Taracena




Mientras que la República Española no sea reconocida como régimen legítimo expresión del Estado de Derecho, la reconciliación nacional no será posible. Es injusto que Felipe VI sea coronado como legítimo Jede del Estado constitucional, cuando su abuelo Don Juan, Conde Barcelona, fue arte y parte del golpe de estado militar, de la guerra civil y su padre el Rey Juan Carlos recuperó la Corona como legado y testamento del Caudillo cuya legitimidad le venía dada por la Gracia de Dios. Ese testamento se hizo realidad por el pacto perverso que los franquistas impusieron a los que no lo fueron nunca. La mal llamada "modélica" Transición traicionó a la República y dejó impune a los crímenes de lesa humanidad. La Casta nacida el memorable 18 de Julio de 1936, es la que ha marcado la hoja de ruta hasta nuestro días. Los medios de comunicación han estado al servicio de la tiranía. Lo demás es consenso para ahogar la verdad...


El periodismo en general se mueve en el difícil equilibrio entre el derecho a la información y la libertad de expresión. Que es tanto como decir entre la verdad y la mentira, ésta envuelta en imprecisiones o mutilaciones de la realidad.
Todos los medios de comunicación se arrogan el sobrenombre implícito o explícito de independientes. Independientes de qué o de quién. La línea editorial de un medio en principio no renuncia a tener una vocación exclusiva y excluyente de la noticia, que le hace sentirse único. Eso no quiere decir que tenga el patrimonio de la verdad y que responda fehaciente al derecho a la información de los ciudadanos.
Los directores, redactores, periodistas, analistas, corresponsales, tertulianos y en general todos los profesionales que hacen los medios gráficos y audiovisuales, tienen como objetivo satisfacer el derecho a la información del pueblo. Una información veraz, completa y actualizada. También son ciudadanos con una ideología política que tan solo tiene los límites que establece la Constitución. No obstante todos los medios públicos o privados tienen un dueño, una empresa un grupo editorial o el propio Estado. Llegado a este punto conjugar el derecho a la información a través de la transparencia exigida que  vislumbre la verdad y los intereses políticos y económicos del titular del medio, es ardua tarea. Si en este punto la falta de concordancia entre la teoría y la práctica,  delatara que esto no fuera verdad, ahora no estaríamos hablando de La Casta. Es evidente que el uso de este vocablo es peyorativo, desfavorable… Los medios de comunicación en la medida que se apartan de sus fines democráticos, éticos y morales, se constituyen en casta, en grupo de presión o en lobby de otra casta. Se ha dicho que la información es poder y se puede añadir que la desinformación es subdesarrollo y falta de democracia.
Para establecer las desviaciones de los medios de lo establecido en sus idearios éticos, el ciudadano tiene dos herramientas a su disposición: El grado de corporativismo existente donde la crítica y la autocrítica están inéditas como norma de conducta, y la identificación y dependencia que los periodistas y tertulianos tienen de quien les paga, les protegen o les promocionan. Las tertulias en los medios se convierten en variaciones del mismo tema. Los políticos llamados a debate, se encuentran con otros tertulianos que defienden los mismos valores que se debate en el Congreso de los Diputados. El periodista no lleva a la tertulia la opinión de la calle, lleva la propia valoración que su redacción le ha indicado, convirtiendo el debate en una tediosa copia del espectro parlamentario.
Solamente cuando el moderador de un debate lleva a alguien verdaderamente conocedor de la materia tratada, es cuando el debate se anima y el  espectador u oyente, se ve identificado con el ponente. La Casta utiliza desde hace muchos años términos, expresiones y tópicos para justificar el pensamiento único dictado por la Transición. Pero las Redes Sociales se han encargado de reorientar el rancio, caduco y casposo periodismo. Si las facultades y escuelas de periodismo no evolucionan, están estafando a los futuros profesionales de la información. El periodismo basado en el titular que cuando se da ya está caducado, en las exclusivas y primicias, que ya han sido captadas por la persona que más cerca estaba con un móvil, sólo creará frustración en los futuros periodistas. El periodista que no lleve a las redacciones, tertulias y debates, el sentir de la calle, es un periodismo fallido. O es un periodista lacayo del poder de turno. Los hay que sin ningún disimulo se presentan como auténticos voceros del poder. Periodistas que han defendido al poder a sueldo y cuando les han echado a la calle, lejos de reclamar se han visto recompensados con aquellas palabras clásicas de: Roma no paga traidores.


miércoles, 4 de junio de 2014

25 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO


"Hoy, la CDN ya ha sido aceptada por todos los países del mundo, excepto dos: Somalia y Estados Unidos".

La Troika y el Gobierno han metido a España en los países donde la infancia está lejos de protegerse según las exigencias de la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Rajoy se ha homologado para lo perverso con los Estados Unidos. Sin embargo ha mutilado la Justicia Universal en España a exigencias económicas de Estados Unidos, China e Israel. ¡Qué vergüenza! y ¡Qué crimen!




CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (Descargar en pdf)












 



 




 


CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO


¿QUE ES LA CONVENCIÓN?



TURKMENISTÁN, 2006: Una niña china realiza una danza de abanicos en Turkmenistán durante una reunión internacional de niños para promover la cultura y la paz.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos.

El texto fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.

Sus 54 artículos recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.

La CDN es el tratado internacional con la más amplia ratificación de la historia. Los países que la han ratificado,193, tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Se trata de un comité formado por 18 expertos en el campo de los derechos de la infancia, procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes.

La Convención tiene dos protocolos que la complementan. El protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución infantil y el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados.

SU RAZÓN DE SER: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS

Aún cuando numerosos países poseen leyes que protegen a la infancia, muchos no las cumplen. Para los niños, y en especial para los grupos excluidos o minoritarios, esto significa a menudo vivir en situaciones de pobreza, sin hogar, sin protección jurídica, sin acceso a la educación, en situaciones de abandono, afectados por enfermedades prevenibles, etc.

La Convención reconoce claramente el derecho de todos los niños y niñas (menores de 18 años) a un nivel de vida adecuado. Y es un tratado jurídicamente vinculante, o lo que es lo mismo de obligado cumplimiento.

El 20 de noviembre es el Día Universal del Niño, que cada año recuerda la firma de la Convención.

LA HISTORIA DE LA CONVENCIÓN

En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios. Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia porque legalmente no tenía carácter obligatorio.

Por eso en 1978, el Gobierno de Polonia presentó a Naciones Unidas la versión provisional de una Convención sobre los Derechos de los Niños.

Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la"Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de Noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen.

La Convención se convirtió en Ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España.

Hoy, la CDN ya ha sido aceptada por todos los países del mundo, excepto dos: Somalia y Estados Unidos.