Isidoro
Gracia
Exdiputado
En
plena polémica con algunas decisiones judiciales y con la renovación del
Consejo del Poder Judicial, conviene aclarar conceptos y argumentos.
Casi a
diario nos llegan noticias de autos judiciales y sentencias contrarias al
sentir ciudadano, la penúltima, seguro que en las horas que van desde la
redacción del artículo a su lectura surgirán algunas otras “últimas”, la de los
impuestos de las hipotecas.
Conocido
el acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial, todos los medios de
comunicación se han apresurado a bombardear al ciudadano común con críticas
feroces, al acuerdo, a los acordantes, a los `posibles nominados, a los quienes
los van a votar, al sistema de elección, y a cualquiera que crea que el sistema
no es tan malo, ni los jueces y fiscales infalibles y ajenos a sus creencias y
entorno social, y no digamos a los que pensamos que los parlamentarios que los
van a votar son tan de fiar como los jueces y fiscales (o más como luego
veremos).
Dos son
los argumentos principales que los críticos utilizan: una imprescindible
independencia de los jueces, y la separación de poderes que desde Montesquieu
se acepta como señal de identidad democrática.
Empecemos
por la condición de independencia de la Justicia. ¿En qué parte de que Ley o
filosofía democrática se mantiene la absoluta independencia de cualquier juez?
Respuesta: en ninguna de las hoy aplicables a la realidad española. Desde luego
en la Constitución Española de 1978 no, lo que dice es: “La Justicia emana del
pueblo y se administra en nombre del Rey”. Así pues, la Justicia es
absolutamente dependiente de un sujeto llamado Pueblo, que aprueba sus normas
de convivencia mediante el Parlamento por mayorías democráticas. Y si la
Justicia en general es dependiente del Pueblo, aún es demandable una dependencia
mayor a jueces y fiscales cuyo único y muy importante papel es aplicar la letra
y el espíritu de las leyes, aun cuando sea práctica relativamente frecuente que
algunas de sus interpretaciones entren en contradicción evidente con la
literalidad del texto de la ley y del espíritu con que se aprobó.
Continuemos
por las exigencias de despolitización. Los que se apoyan en Motesquieu,
deberían hacerlo en el conjunto de sus ideas y no solo en una, muy importante,
pero a la que completan y dan marco otras como las que sigue. Las reflexiones
de Motesquieu le hicieron consciente que quien dispone de poder tiende a
ampliarlo con inclinación a abusar de él, lo que proponía era que concretamente
este poder no fuera ejercido por nadie de forma permanente ya que “así el poder
de juzgar, tan terrible en manos del hombre, no estará sujeto a una clase
determinada, ni quedará exclusivamente en manos de una profesión”.
A la
vista de autos, no solo de las cercanas en el tiempo muy notorias sentencias y
decisiones de estos últimos meses, sino también del goteo en el día a día de
sentencias y autos, que al sentido común del ciudadano de a píe le resultan
incomprensibles. Sentencias y autos que, colocados a lado de los textos de las
leyes que en teoría deben ser su base y referencia obligada, chirrían a pesar
del lubricante de términos complejos y oscuros que los intentan argumentar.
¿Qué es
más lógico? Confiar en las decisiones de otros seres humanos, con iguales
pasiones y condicionantes que todos nosotros, a los cuales los ciudadanos de a
píe, si nos ponemos de acuerdo podemos remover y cambiar, o en aquellos que
hagamos lo que hagamos van a continuar en su puesto, sin dar cuenta a nadie que
no sea de su clase y profesión. Pues bien, los jueces y fiscales, que van a
formar parte de CPJ, al igual que los parlamentarios, diputados y senadores,
que los van a votar, son seres tan humanos como usted o yo. La diferencia
fundamental es que a jueces y fiscales los ciudadanos no los elegimos y
cambiamos, y a diputados y senadores sí.
¿Qué
ocurriría si algunos de los jueces y fiscales tuvieran que pasar por las urnas
periódicamente? Quizá que, sin tener el poder de la banca u una gran
multinacional, los ciudadanos comunes obtendríamos unas sentencias más acordes
a nuestros intereses.
Editor: Pedro Taracena Gil
