MITSOU MIURA

Memorias imaginadas

Vídeo: MITSUO MIURA

La intervención de Mitsou Miura Iwate, Japon, 1946) en el Palacio de Cristal se basa en una instalación pictórica con vocación arquitectónica y paisajística. 

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Pedro Taracena

LOS DESAHUCIOS Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El artículo 117 en su primer apartado dice: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por los Jueces y magistrados, integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El vocablo emana es muy rico en acepciones y en matices. La intencionalidad del legislador al emplearlo, es obviar que se trata del sentido común. Dicho de otro modo, el pueblo lego percibe la justicia en el mismo concepto que los Padres de la Constitución. De otro modo no se hubiera plasmado con esa contundencia, si solamente hubieran buscado  la estética o el quedar bien con la población.

Desahucios tres últimos años (2009-2012)

La ley que en España regula los desahucios ha sido declarada por Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, contraria al Derecho de la Unión. No hace dos años que el Gobierno de entones y el Partido Popular en la oposición, habían pactado no modificarla, optando de forma clara por seguir protegiendo a las entidades financieras y desatendiendo el clamor de los ciudadanos; echándoles de sus hogares a palos. Los reportajes de los telediarios hablan por sí mismos; presentado una situación indigna de un país de la Europa del siglo XXI.

Una iniciativa popular ha llevado al Parlamento el proyecto de una nueva ley más conforme con los derechos de los consumidores. Pero ha sido esta sentencia, la que ha hecho saltar todas las alarmas, y el Congreso de los Diputados bajo la vigilancia de los protagonistas de la iniciativa popular, está trabajando a marchas forzadas. Todas las fuerzas políticas, ahora sí, han dado su voto al trámite de un nuevo proyecto de ley que homologue esta materia a la legalidad europea.

Estos hechos analizados por cualquier observador nada versado en ingeniería legal, es lícito que se plantee algunos interrogantes, nada banales. ¿Si esta ley ha sido declarada contraria al derecho de la Unión, desde cuándo era inconstitucional? Porque leyendo la Constitución Española de 1978, recoge de forma expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y por supuesto  conforme a la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950. Quizás si el juez que ha formulado la consulta a Luxemburgo, la hubiera presentado en forma de recurso de inconstitucional al Tribunal Constitucional, nos hubiéramos ahorrado el bochorno ante Europa y ante el mismo pueblo español.

Pero ahora que el tema está enfocado de este modo, no sería baldío acudir a nuestra Carta Magna para analizar qué dice en su articulado. El artículo 33 y 38 remarca la función social de la propiedad privada y la productividad. En una palabra, la justicia social. Prácticamente ocupa toda la Sección 2ª De los derechos y deberes de los ciudadanos.  Y en su artículo 47 referente al derecho a la vivienda dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Si nos remitimos al primer párrafo de este trabajo, no hay duda que el legislador tomaba conciencia de lo que estaba escribiendo cuando afirmaba, que la justicia emana del pueblo. El pueblo así lo entiende. El que esto resulte evidente no se puede caer en la ingenuidad de que también sea fácil de lograr.

 El texto constitucional permite que haya una acción de gobierno de contrarios. Es decir, que según se lean y ejecuten sus artículos, así se llevarán a cabo sus objetivos. Sin olvidar que, también, el Tribunal Constitucional, tiene la oportunidad de interpretar los mandatos constitucionales; contando con las posturas contrarias que se mencionaban con anterioridad. Es de suponer que en todas las democracias del mundo hechas por hombre y mujeres, sucederán hechos similares.

Pero en el caso que nos ocupa, el proyecto de ley que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados, es imperativo que actualice la normativa en esta materia, no solamente conforme a la normativa de la Unión Europea, sino con arreglo a la Constitución Española, escuchando al pueblo. De otro modo habríamos perdido el tren de la historia. Y sobre todo las ventajas del capital irían en detrimento de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

OCHO DE MARZO “DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA”

El artículo 14 de la Constitución dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por enésima vez se celebra el día en que se rinde homenaje a la mujer por el hecho de serlo. Porque a pesar de ser un ser humano igual que el hombre, la rémora histórica no permite reconocerlo fehacientemente, tanto en el campo legal y legítimo como ético y moral. Es la fiesta donde se rinde culto a la hipocresía. Los enemigos de la mujer no solamente son los misóginos, machistas u otros especímenes poseedores del falo; incluyendo a los homófobos que no soportan que las mujeres tengan otras preferencias, que las que ellos consideran como naturales.

Para que el precepto de la igualdad se lleve a cabo es preciso vencer inercias del pasado, que aún persisten en el seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, en la política, en la sociedad en general. En principio la maternidad no es una obligación o imposición de la sociedad, es un derecho. Nadie puede arrogarse la potestad de incidir en las decisiones que la mujer tome sobre su cuerpo. Ser o no ser madre. La asignatura de la Educación para la Ciudadanía era una oportunidad para educar a los niños en valores constitucionales. Cuando en la adolescencia un joven da muestras inequívocas de acoso a una compañera o presunta novia, y la joven acepta los celos y el comportamiento machista como atractivo y hasta seductor, algo huele a podrido en el diseño educativo, no solamente en la escuela sino en la familia. Por mucho que se descalifique la puesta en escena de Hugo Chávez, discutible sin duda, en la Constitución bolivariana de 1999, en su artículo 88, establece que: "el Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social". Por mucho el Rey de España le mandara callar, algo ha hecho en el campo de la igualdad.

El enemigo que impide la igualdad constitucional entre todos los españoles, no se encuentra exclusivamente entre los hombres, se halla también entre muchas mujeres. Las diputadas de la derecha no han asumido el espíritu de las leyes sobre la igualdad, de violencia de género y paridad en el mundo del trabajo. Su contenido es rechazado con los mismos argumentos que el machismo más ancestral. Y bajo la componente del nacionalcatolicismo, sus ideas y decisiones están homologadas con el comportamiento misógino de la Iglesia; contaminando la gobernanza civil con la ideología confesional.

En el día de hoy hay que pasar de felicitaciones fariseas a reivindicaciones contundentes: Homogeneidad de los sueldos para mujeres y hombres: Igual trabajo, igual sueldo. Luchar con las pretensiones de Gallardón de cristianizar la actual ley del aborto y el adoctrinamiento de Wert como Dios manda.

CARTA ABIERTA AL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Don Felipe: Con el máximo respeto constitucional, me dirijo a usted con el ánimo de hacerle partícipe de una reflexión que nos afecta a todos los españoles.

La situación que vive España por la inevitable globalización de la crisis financiera, nos conduce irremediablemente a un cambio radical. Nos estamos precipitando hacia el final de un sistema que se ha llevado por delante, el Estado del Bienestar y cada día nos aleja más del espíritu y la letra de la Constitución. Se ha instalado entre nosotros: la mentira, la corrupción, la explotación, la especulación, la usura, la desigualdad y la falta total de solidaridad en el Estado de las Autonomías. Negar esta evidencia sería persistir en “la vida en la mentira”, como dice Václav Havel en su libro El poder de los sin poder. O también podríamos caer en la tentación de considerar que Stéphane Hessel, recientemente fallecido, con su grito de ¡Indignaos! Es una falacia.

La democracia inventada en la transición, producto del consenso entre la dictadura y los opositores al franquismo, está dando los últimos estertores. El Rey ha pilotado este periodo histórico arrastrando el lastre que heredó del Caudillo que lo fue de España por la Gracia de Dios. La asignatura que Juan Carlos I tiene pendiente es la condena de la dictadura. Si no juro la Constitución una vez sancionada, al menos debía condenar el régimen anterior y su dictador. El Príncipe de España creado por el Generalísimo Franco, se convirtió en el Rey de España, no por su pretendiada instauración de la monarquía, sino porque el pueblo español se dotó como forma de gobierno de una monarquía parlamentaria. Constitución de 1978.

La historia contemporánea desde la atalaya del siglo XXI, nos permite constatar que hemos vivido el mismo periodo padeciendo la dictadura, que aprendiendo a vivir en democracia. Nunca es tarde, aunque nos encontremos en las postrimerías del reinado de Juan Carlos I, para reconducir desviaciones. Con la Constitución en las manos, es el momento de liberarse de la rémora que supone coincidir con la derecha franquista en la negativa a condenar expresamente a Franco y su dictadura. Los reconocimientos, alabanzas y hasta agradecimientos a su persona, han caducado con el tiempo constitucional. Por respeto al pueblo español el Rey debe distanciarse de quienes han sido sus verdugos; el franquismo imperante que ha sido capaz de fosilizar la Constitución. Otro aspecto que afecta a la Corona es respetar el Estado aconfesional que marca la Constitución. De aquí se desprende que la religión queda reservada para la vida privada de las personas que integran los poderes  del Estado, incluyendo la Corona. La Iglesia en la democracia española no es una religión, es un poder fáctico. La familia real en ceremonias religiosas de carácter público, no representa a ninguna institución del Estado.

Esta es la España en la que reinará usted. Su Alteza Real, El Príncipe de Asturias. Desde mi vocación republicana, sin prejuicios ni complejos, me satisface comprobar que haciendo una lectura de las dos constituciones, la republicana de 1931 y la monárquica de 1978, salvando las distancias en el tiempo,  solamente se diferencian en la institución de la Jefatura del Estado. Ambos textos constitucionales fueron vanguardia en su época.

Sin abandonar el respeto constitucional que le debo a usted como heredo de la Corona, sí, me atrevo a desearle que acceda al trono rompiendo con los achaques históricos de la dinastía borbónica. Deslíguese de la derecha franquista y de la Iglesia. El no reconocimiento de la República como régimen igual de legítimo que la monarquía parlamentaria, así como la negativa a condenar el genocidio franquista, se ha convertido en la eterna piedra de tropiezo para la reconciliación entre todos los españoles.

Por último baje a la calle, sintonice con los jóvenes, sin olvidar la experiencia sufrida por sus padres y abuelos. Asuma el espíritu y la letra de la Ley de la Memoria Histórica. Considere que el futuro Jefe del Estado, sí ha jurado la Constitución Española.

Alteza, reciba mi saludo más respetuoso.

Pedro Taracena Gil