Por Isidoro
Gracia
Foto: Pedro Taracena
Los
partidarios del cierre y desmantelamiento deberían explicar una posición que no
es posible sostener ni desde el punto de vista económico, ni desde el
medioambiental.
Al final de
la década de los 80 del pasado siglo tuve que visitar Suecia en un viaje
oficial para estudiar decisiones tecnológicas suecas, que podrían ser
aplicables aquí en el sur de Europa, hicimos parada en una pequeña villa en
cuya proximidad (cerca, pero que muy cerca, de viviendas) existía una factoría
de pasta de celulosa y papel, ni las aguas del rio cercano mostraban señal
alguna de contaminación, ni en la atmósfera se percibía gran olor desagradable,
sí un ligero aroma absolutamente admisible. Como ya entonces había debate sobre
la permanencia y efectos de la factoría de Lourizán, me interesé en el tema,
para descubrir que utilizaban una tecnología que unos lustros después se
comenzó a aplicar en Lourizán.
Yendo al
fondo, en cifras redondas, los 350 trabajadores propios y los 150 auxiliares
que trabajan habitualmente en la planta inducen, al ser una industria de
primera transformación, aproximadamente otros 10 por cada puesto directo en el
entorno próximo (Galicia), sin entrar en los millones de € de actividades
diversas generados (selvicultura, energía, transporte terrestre, actividad
portuaria, etc) la pregunta a responder es: ¿Qué decisión, por benéfica que sea
su primera apariencia, justifica hoy un claro riesgo para la estabilidad de
5.000 puestos de trabajo?
Parece más
razonable trabajar en favorecer una segunda transformación, fabricar papel de
calidad (igual que hacia la planta sueca), e incrementar así valor añadido y
empleo en el entorno inmediato a la planta. Además se evitarían, o al menos
mejorarían, procesos de tratamiento de residuos y energéticos.
Para hacerse
una idea de la importancia de la sugerencia, baste saber que de las 9 o 10
fases de un proceso estándar de obtención de celulosa desde la madera, al
menos 4 de ellas tienen como objetivo
asegurar que el proceso productivo se desarrolle en armonía con el medio
ambiente, el simple hecho de evitar o facilitar algunas de ellas (p/e el
desecado, el transporte y el rehidratado de la pasta) además de una atractiva
reducción de costes, favorece y reduce las necesidades de tratamiento de
efluentes y de recuperación de energía.
La última
frase del párrafo anterior nos da píe para afrontar el tema medioambiental. La
normativa europea sobre emisiones atmosféricas, establece tres niveles de protección:
Valor límite horario para la protección a la salud humana (1 hora), Valor
límite diario para la protección a la salud humana (1 día) y Valor límite para
la protección de los ecosistema (1 año) y evolucionan en incremento paulatino
de las exigencias, sin otra tolerancia que los periodos de aplicación. En el
caso de los efluentes líquidos la administración competente es la Comunidad
Autónoma, en un marco más general europeo y estatal, por lo que el nivel de
exigencia sobre los vertidos depende de los propios gallegos. En todo caso hoy
ya hablamos siempre de mg/m3 o partes por millón, temperatura, pH, color, etc,
es decir de parámetros exigentes.
Aceptando
que en años anteriores los vertidos y emisiones impactaron en el entorno de
Lourizán, y que esos impactos aún no han sido corregidos en su totalidad,
estudiemos las alternativas:
1ª.-
No se prorroga la concesión y se hace necesario los procesos de
desmantelamiento de las instalaciones, descontaminación y recuperación de
terrenos y fondos marinos. Costosos y con un responsable teórico nada
interesado en aportar nada, o lo mínimo posible.
2ª.- Se
prorroga la concesión y se liga a un programa de recuperación medioambiental
referenciado a la facturación y/o a la cuenta de resultados de la planta.
Pregunta del
millón: ¿Cuál le parece a usted la decisión que mejor le irá al medio ambiente?
