Estos dos señores urdieron el engaño
La Justicia emana del
pueblo… Articulo 117
Si las leyes que emanan de la
Constitución Española se pasan por el crisol de la Justicia Universal y el
Derecho supranacional, es decir la DECLARACIÓN UNIVESAL DE LOS DEREC HOS
HUMANOS DE 1948, y se comparan con la experiencia española desde 1939 hasta
nuestros días, es absurdo buscar comparativos que justifiquen el “aquí y ahora”
de nuestra España. Cinco experiencias para
comparar aunque las comparaciones sean odiosas:
Grecia,
supera la Dictadura de los Coroneles y somete a referéndum la elección entre
República y Monarquía. El resultado fue República.
Portugal, el
Movimiento de la Fuerzas Armadas derrocan la Dictadura a través de la
Revolución de los Claveles. Una revolución incruenta y nadie del viejo régimen tomaron
parte de la nueva República. Hubo ruptura con la tiranía, no continuismo ni
transición.
Francia, la
Revolución Francesa marcó un hito en el horizonte de futuro, no solamente para
los franceses, sino para el Estado Laico. La Asamblea Constituyente decretó la
DECLARARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO. Constituyó la mayor
ruptura contra el poder absoluto del rey.
Alemania, sufre
los crímenes horrendos del Nazismo y aplastado el régimen nazi, el Proceso de
Núremberg juzgó a los seguidores de Hitler. En Alemania es un delito hacer
apología del nazismo, El Genocidio y el Holocausto es condenado sin apelativos.
Y por último Italia. Si Alemania es la cuna del
Nazismo, Italia lo es del Fascismo y en ambos países son regímenes detestables
y sus “héroes” perseguidos y proscritos.
El Franquismo llegó a España para quedarse a través de varias
formas y maneras. Falange Española y de la JONS, versión hispana del fascismo
italiano, encontró terreno abonado en la Oligarquía, en el Ejército y en la
Iglesia. El Generalísimo Invicto planificó un genocidio que consumó desde 1936
hasta 1975, y que exaltado a la Jefatura del Estado, fue Caudillo de España por
la Gracia de Dios. Los Autos del Juez Garzón dan fe de tales crímenes.
El Alzamiento Nacional para derrocar
la República fue apoyado por el Capital, el Ejército y la Iglesia. El plan
consistía en implantar de nuevo la Monarquía trayendo a un miembro de la Casa
de Borbón, para instaurar que no restaurar
el Trono de España. Fallecido el general golpista, las Cortes Franquistas
coronaron Rey de España a Juan Carlos I. A Franco la legitimidad se la dio sus
propios crímenes, invicto en la Guerra Civil. Y la Corona del Rey se ceñía
sobre sus sienes con una base de doble ilegitimidad: El heredero de la Corona
era su padre Juan de Borbón y las Cortes Generales tomaban juramento al nuevo
Rey que juraba fidelidad a los Principios de Movimiento Nacional, base de la
dictadura franquista.
Los disparates se sucedían uno
tras otro. Las mismas Cortes Franquistas ya con el Rey reinando aunque no
gobernando, decretaron una Ley de Amnistía, que amnistiaba a verdugos y a
víctimas por igual. Y el esperpento se consumó cuando el Presidente del
Gobierno de Su Majestad, tuvo a bien convocar un referéndum para que el pueblo
votara sobre la Reforma Política. Empeñados en respetar el testamento de Franco
sobre la unidad de España y que el Rey siguiera siendo el Rey, planteó una
doble pregunta camuflada, dos cuestiones de diferente naturaleza en el mismo
paquete, o quizás introdujo una variable de pánico como única solución más
conveniente para los españoles. La verdad es que es insostenible en cualquier
Estado de Derecho que se someta a referéndum: emprender un camino libre y
democrático, confundido con el sistema de gobierno como es confirmar a un
Monarca. Un pueblo como el español que después de ocho años de República, un
Golpe de Estado, tres años de Guerra Civil y cuarenta de Dictadura, ¿Qué iba a
elegir? Si la opción democrática llevaba implícito una monarquía parlamentaria.
El verdadero pánico no estaba en el pueblo aterrado por el franquismo, sino la
propia clase política que sabía que la doble pregunta: ¿República que el
general sanguinario derribó? o ¿Restauración Monárquica? Ganaría la República.
Es evidente que la Constitución
Española de 1979 se hizo sobre una mentira que fue la ilegitimidad del Rey de
España. Además fue tutelada por los mismos que dieron el golpe del 36. En
España la legitimidad y la legalidad no siempre coinciden. El pacto constitucional
se blindó con un halo dogmático, donde el espíritu franquista quedó atado y
bien atado. Y los constitucionalistas
que defienden a capa y espada el Régimen del 78, tienen aliados muy
potentes: la Oligarquía Económica, el Oligopolio Energético, el Ejército, la
Iglesia y los Franquista seguidores de Franco, Fraga, Aznar y Rajoy. El Rey que
aunque reina pero no gobierna, cuando ha pretendido cumplir con al papel de
árbitro que la Constitución le otorga, se ha convertido en el Rey Títere. Él y
el triunvirato PP PSOE y C’s que le acompaña es el menos interesado en que se
cuestione ni una sola coma de la Carta Magna. Es evidente que en esta comparsa
los Medios de Comunicación tiene un papel fundamental.
Esta breve exposición no es una
opinión propia. Es una secuencia histórica que muestra claramente que en España
la legitimidad, la legalidad, la justicia, la democracia y el concepto de
Estado de Derecho, entran no pocas veces en discrepancias nada despreciables.
Volviendo al origen de este
breve ensayo, España tiene abierto lo quiera o no un contencioso legal con
Europa, a causa del conflicto histórico del secesionismo catalán en el día de
hoy, pero de forma latente otros como el vasco, valenciano…
Hay conceptos que jamás han
tenido que salir del ámbito de la política. La política se ha judicializado y
la justica se ha politizado. Conceptos semánticos como emotivos: la nación, la
unidad de la patria, el concepto patrio, la sacralización de los símbolos, la
guerra de las banderas…
¿Qué hacer cuando la gente se cuestiona
la legitimidad que le rodea? ¿Qué hacer con dos millones de ciudadanos que no
creemos en la nación española? ¿Qué hacer con muchos ciudadanos que tenemos
otras banderas como propias? ¿Qué hacer con los que pensamos que el Rey no es
el legítimo Jefe del Estado? ¿Qué hacer con los que pensamos que aunque NO
seamos secesionistas deseamos votar? ¿Qué hacer con un Rey que se escoró a
favor del Gobierno que aplicó la fuerza del 155? ¿Qué hacer con los que
pensamos que en España hay presos políticos y exiliados políticos? ¿Qué hacer con perfiles como el
mío?
Soy español de nacimiento y
catalán de sentimiento. He vivido en Catalunya y me siento español y catalán.
He vivido muchos años en Catalunya. Tengo una hija catalana de nacimiento. He
vivido la Transición en Catalunya durante la década de los setenta. Viví el
primer viaje de Juan Carlos I a Catalunya. La llegada de Tarradellas y los
incipientes pasos de la Generalitat. Mi padre exiliado en Francia, combatiente
en el bando de la República. Mi abuelo asesinado por ser alcalde socialista y
maestro en 1941. Mi abuela encarcelada por ser su mujer, rapada y purgada. Con
siete hijos cuidados por una tía soltera. Mi familia y yo ha sido víctima de la
guerra, de la dictadura, de la transición y ahora somos testigos atónitos del
espectáculo franquista ante el mundo. España goza de legalidad, pero con nula
legitimidad. A España le sobran motivos para ser considerada como un Estado
fallido. Si la prensa no lo denuncia no los políticos clásicos tendremos que
ser el pueblo. La frase del comienzo de este breve ensayo:
La
Justicia emana del pueblo… Articulo 117
Si fueron los Padres de la
Constitución quienes la escribieron, debían de estar enajenados porque ahora
los políticos del Régimen del 78 adoran las leyes como si fueran el nuevo
Becerro de Oro, pero no cumplen ni uno solo de los preceptos constitucionales.
Menos el 155 que es el precepto que más cumple el testamento de Franco. La
unidad nacional.
Javier Pérez Royo
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
No es un juicio de valor, señor Borrell
15/07/2018
En una entrevista publicada ayer domingo en El País, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, respondía a la pregunta acerca de su opinión sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein respecto de la euroorden cursada en su día por el Juez Pablo Llarena, que por supuesto que acataba la decisión, pero reivindicaba al mismo tiempo su derecho a decir que no estaba de acuerdo con ella y a expresar su crítica.
Obviamente no hay nada que objetar a dicha respuesta. Las resoluciones judiciales en cuanto actos de un poder del Estado pueden y deben ser criticadas. Todas. Sean del país que sean.
COLECCIÓN DE PERLAS CULTIVADAS
El estatus jurídico de Puigdemont tras la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein
13/07/2018
Carles Puigdemont es ciudadano español. Es posible que prefiriera no serlo. Pero lo es. Y en cuanto tal, es titular de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a circular libremente por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente del mismo (art. 19 CE).
El ejercicio de ese derecho únicamente puede verse limitado mediante una decisión judicial. Cuando un juez entienda que hay indicios racionales de criminalidad en la conducta de Carles Puigdemont, puede proceder contra él y adoptar las medidas que, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, estime pertinentes.
No es un juicio de valor, señor Borrell
15/07/2018
En una entrevista publicada ayer domingo en El País, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, respondía a la pregunta acerca de su opinión sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein respecto de la euroorden cursada en su día por el Juez Pablo Llarena, que por supuesto que acataba la decisión, pero reivindicaba al mismo tiempo su derecho a decir que no estaba de acuerdo con ella y a expresar su crítica.
Obviamente no hay nada que objetar a dicha respuesta. Las resoluciones judiciales en cuanto actos de un poder del Estado pueden y deben ser criticadas. Todas. Sean del país que sean.
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Carles Puigdemont es ciudadano español. Es posible que prefiriera no serlo. Pero lo es. Y en cuanto tal, es titular de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a circular libremente por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente del mismo (art. 19 CE).
El ejercicio de ese derecho únicamente puede verse limitado mediante una decisión judicial. Cuando un juez entienda que hay indicios racionales de criminalidad en la conducta de Carles Puigdemont, puede proceder contra él y adoptar las medidas que, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, estime pertinentes.
Editado por: Pedro Taracena Gil
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