Por Pedro Taracena
La Constitución Española es una
constitución burguesa. Construida
con la basura, los escombros y los cascotes de una Dictadura Genocida. De los
siete Padres de la Constitución, cinco procedían de las diferentes corrientes
del franquismo y dos demócratas, llegados de la clandestinidad: uno del Partido
Unificado de Catalunya y el otro del Partido Socialista Obrero Español. La
Carta Magna ha sido y sigue siendo tutelada por la Oligarquía, el Ejército y la
Iglesia. Con el objetivo de instaurar y perpetuar una monarquía de dudosa legitimidad.
El Régimen del 78 y sobre todo la
Oligarquía y la Patronal tutelan el
derecho de los trabajadores a la huelga. Que es tanto como decir que la
persiguen hasta la extenuación.
La Constitución Republicana
consagra al ciudadano como trabajador de los derechos constitucionales: “España
es una República democrática de
trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de
Justicia.
Sin embargo, la Constitución
Española monárquica, consagra los
derechos constitucionales a un ente
llamado La Nación española.
Es evidente que el derecho de huelga no es asumido de igual manera en
una República que en una Monarquía impuesta,
por muy parlamentaria que sea.
En España el Derecho de Huelga se
determina en estos términos: Se reconoce
el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La
ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
No obstante, el Gobierno de turno
que le correspondió consensuar el desarrollo de este derecho, usó y abusó de:
“…las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
La Derecha Franquista, es preciso
aclarar que en España no hay otra derecha que no haya venido de la Dictadura,
ha tenido como objetivo no solamente desacreditar a los sindicalistas, sino también de criminalizar
los derechos de huelga y de manifestación por ser molestos al empresariado y a
la ciudadanía.
El Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) contemplaba en sus estatutos la doble militancia: en el Partido y en la Unión General de
Trabajadores (UGT). El sindicado socialista plantó su primera huelga al
Gobierno Socialista y allí se produjo el divorcio. El Partido apostó por la
Patronal y ya nunca acudió a las manifestaciones del 1º de Mayo.
En el caso español no hemos
aprendido en 40 años en qué consiste
el ejercicio del derecho de huelga.
Por parte de los políticos lejos
de hacer pedagogía se han limitado a reventar toda huelga con los abusivos servicios
mínimos y la criminalización de los
Piquetes Informativos. Una huelga en Estaña es algo que hay que neutralizar
por parte del poder de cualquier signo.
El Régimen del 78 se ha dotado de
una jauría de voceros al servicio de
la Oligarquía. Estos impostores del periodismo lejos de crear una
opinión sobre el Derecho de Huelga, toman parte junto a la Oligarquía de
siempre.
Ni la izquierda ni la derecha han
desarrollado una pedagogía que
diferencie una huelga de una manifestación, y diferenciar la manifestación
pacífica de los hechos punibles, merecedores de castigo, dentro y fuera del
ejercicio de cualquier derecho constitucional.
En España se percibe de forma evidente la
diferencia de la consciencia del ciudadano
y la consciencia del trabajador. Pero
la perversión se produce cuando cada persona ejerce una dicotomía según le
convenga. Como ciudadanos no soportamos ni una sola de las molestias que puedan
ocasionar los trabajadores que emprenden una huelga o una manifestación. Aunque
estas personas sean a su vez ciudadanos y trabajadores. La Oligarquía ha
logrado a través de los Medios de Comunicación, que al lado de un trabajador en huelga surja, un ciudadano ofendido o
molestado. Y quizás un esquirol.
Los Medios de Comunicación están amaestrados para no discernir o mejor
dicho confundir lo que es legal de
lo que es justo. Quizás lo más polémico sea diferenciar lo legitimo de lo
ilegitimo. Más aún, la distinción entre lo ilegítimo y lo legal. Que a su vez
puede ser legal pero violento y por supuesto injusto. El lector puede hacer un
ejercicio para encontrar estos valores en el devenir del cuestionado Estado de
Derecho Español. Es evidente que estos temas no están el orden del día del
periodismo del Régimen del 78.
La
huelga a la francesa es más salvaje, pero tan justa, legal y legítima,
aunque menos perseguida, que la huelga de los españoles. Y sobre toda, más
aceptada por el resto de los ciudadanos.
Sin olvidar que las huelgas y las
manifestaciones tienen como objetivo, reivindicar
los derechos de los trabajadores y derribar
gobiernos, como situación extrema.
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