La vida política española está viviendo unas circunstancias dramáticas, donde crisis de distinta índole se entrelazan y el pagano está siendo el de siempre, el paria. Cuando se observan y analizan las causas y los culpables, surgen una serie de entes anónimos, que bajo diversas máscaras, han puesto en escena la gran farsa mundial. En el exterior, los mercados, la amenaza de los rescates y la retrógrada derecha europea, marcando la política a seguir al Gobierno y al Congreso de los Diputados. En el interior, los medios, lejos de homologarse con los nuevos tiempos, refuerzan su vieja vocación de mantener el cuarto poder; intentando gestionar la agenda del Gobierno y la exclusiva primicia, cada vez más difícil de conseguir, y con millones de competidores en las redes sociales. Los presuntos y los imputados se presentan como amenazantes personajes, que hacen de la presunción alarde de inocencia, y de la imputación de un delito, impunidad. Los especuladores de la construcción, lejos de reconvertirse en economía sostenible, añoran la época en la cual los españoles vivíamos fuera de nuestras posibilidades. La crisis española, sin los datos negativos de la burbuja inmobiliaria, estaría homologada con la media europea. Los bancos y cajas toman parte de forma muy significativa del catálogo de la perversión. El antídoto y la vacuna para que ayuden a los parias, es la intervención del Estado. Es decir, como ha hecho Islandia, si no pueden dar salida a los pisos de la burbuja; especulando con las hipotecas impagadas del paria, el Estado debe nacionalizar y expropiar estos pasivos; agilizando los créditos para los más débiles económicamente hablando. Otra casta está constituida por los votantes de los presuntos corruptos; cómplices y beneficiarios de sus desmanes. Pretenden utilizar la democracia para dejar impunes sus corruptelas. Este decálogo de la perversión, no supone una situación apocalíptica. La Constitución Española tiene recursos para una buena gobernanza. Mientras se produce el despegue de la reactivación económica, es preciso que el Gobierne garantice la solidaridad y la equidad en el Estado de la Autonomías. La interpretación de las medidas económicas no pueden discriminar a los españoles. Sobre todo en los derechos fundamentales: Sanidad, Educación, Dependencia y Seguridad. La derecha no sabe, no contesta. No tiene vela en este entierro, ni se la espera.
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