Lo que se requiere es una reforma fiscal que aumente los ingresos al Estado para crear empleo, puesto que el mayor problema que tiene España no es el déficit público, sino el elevado desempleo y el escaso crecimiento económico, consecuencia de la escasa demanda. Y el país tiene los recursos para ello. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. Así, el PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, su gasto público social es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, el Estado tendría 66.000 millones de euros más para cubrir el déficit del Estado y el enorme déficit de gasto y empleo público social de España. Lo que ocurre es que el Estado en España (y en Grecia, Portugal e Irlanda) está excesivamente influenciado por la banca, la gran patronal y las rentas superiores, los mayores responsables, por cierto, del fraude fiscal, que en España alcanza la cifra de 88.000 millones de euros. El hecho de que el Estado prefiera recortar el Estado del bienestar en lugar de hacer la reforma fiscal que el país necesita se debe a lo que se llamaba antes “poder de clase” y ahora se llama (erróneamente) “poder de los mercados”.
Catedrático de Políticas Públicas
MIKEL JASO
Diseño
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