Si el Congreso de los Diputados condenara el golpe militar del 18 de julio de 1936, que derrocó la República y provocó la Guerra Civil, comenzaría una nueva era en España. Después de 75 años, sin complejos y sin prejuicios, es hora de llamar las cosas por su nombre. Ya no hablaríamos de Alzamiento Nacional, ni Cruzada de Liberación Nacional. Tampoco podríamos hablar del caudillo, que lo fue por la Gracia de Dios. Hablemos de un militar golpista que provocó una guerra civil, y como botín de guerra implantó una dictadura a imagen y semejanza de su perfil militar, antirrepublicano, monárquico; aprovechándose de los tintes fascistas que le proporcionaba Falange Española. Asumió un poder omnímodo y se arrogó la facultad de hacedor de reyes. La lengua la configura el pueblo a través de la historia. Al régimen de Franco se le llama franquismo y a sus partidarios, franquistas. Después de la Transición y la consumación democrática de la España monárquica y constitucional, quien no condene el régimen genocida de Franco es, si no partidario, sí nostálgico del franquismo. De igual forma que aquellos que no condenan la violencia de ETA, se colocan en su entrono. Si hubiere algún grupo parlamentario que no condene el golpe del 18 de julio de 1936, y sus consecuencias (Golpe de estado, derrocamiento de la República, Guerra Civil y dictadura) es reo y cómplice de ser denominado como franquistas, aunque pertenezca a un partido legal. Dicho de otro modo, las posturas ambiguas, implícitas o explícitas del Partido Popular y el entorno mediático, en contra de la Memoria Histórica, tienen una oportunidad de oro para evitar, si es su deseo, que se les siga denominando o no, con el legítimo nombre de los herederos de Franco. Es decir, franquistas. El Congreso de los Diputados brinda otra oportunidad para la reconciliación de los españoles. El comienzo del fin de las dos Españas.
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